La Generalitat anuncia que habrá censo, aunque sea de forma ilegal

Presenta hoy la ley de la consulta, que fija la creación de la junta electoral

Puigdemont durante la inauguración de la exposición "La Modelo nos habla"en la antigua prisión de La Modelo
Puigdemont durante la inauguración de la exposición "La Modelo nos habla"en la antigua prisión de La Modelo

Presenta hoy la ley de la consulta, que fija la creación de la junta electoral.

Después de meses de especulaciones acerca de cómo el Govern puede dar cobertura al referéndum inconstitucional del 1 de octubre, hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pondrá luz a los detalles con los que pretende llevarlo a cabo. Lo hará con la presentación en el Teatro Nacional de Cataluña de la Ley del referéndum –la tramitación tendrá lugar a finales de agosto en el Parlament–, que se erige en la base legal de la votación y deberá despejar numerosas incógnitas logísticas.

Hasta el momento, para sortear la inconstitucionalidad de la consulta, los líderes independentistas han venido en los últimos días abonando la idea de ampararse en la legalidad internacional, apelando a tratados que ha suscrito el Estado y que darían cobertura a la autodeterminación. Este planteamiento entronca con el borrador de la Ley del referéndum que avanzó ayer La Vanguardia, y que en la exposición de motivos alude a los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la ONU, en los que se «reconocen el derecho de los pueblos a la autodeterminación». Para asentar esta idea, a continuación, el Govern hace referencia al artículo 96 de la Constitución, que determina que «los tratados internacionales ratificados por España forman parte de su ordenamiento jurídico».

Más allá de las fuentes jurídicas sobre las que el gobierno catalán pretende sustentar la votación, hay todavía un reguero de elementos logísticos sin concretar y que debe desentrañar. El primero de ellos, y probablemente el reto de mayor envergadura, es conseguir el censo electoral. Según se recoge en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), norma a la que diversos miembros del Govern se han remitido en muchas ocasiones para dar explicaciones, los datos están en mano de la Oficina del Censo Electoral, que forma parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), y que actualiza mensualmente en colaboración con los Ayuntamientos, que a finales de cada mes envían las modificaciones del Padrón. El Ejecutivo catalán, hasta ahora y ante las presiones de la CUP, que han situado como elemento prioritario, se ha limitado a garantizar que habrá censo, pero no bajo qué mecanismos legales lo empleará.

Por otro lado, está el censo de votantes exteriores. Al respecto se han generado en los últimos días tensiones entre los miembros del Govern ya que hay 285.000 posibles votantes, y se creó un registro para que se inscribieran y pudieran incluirse en el censo. No obstante, este mecanismo no ha resultado eficaz, ya que hasta el momento solo se han adherido 5.000 personas.

Otro de los elementos capitales es la junta electoral, que se encarga de velar por la transparencia de los procesos electorales. Se deberá crear en la norma que hoy se presenta, y habrá qué ver hasta qué punto se puede considerar un organismo independiente o se convierte en una «comisión de control» como en el 9-N. Asimismo, también está pendiente el papel de los funcionarios. Puigdemont anunció la creación de una bolsa de 4.500 agentes electorales, aunque en todas las citas electorales se recurre a los empleados públicos para que asuman algunas de las funciones que exige una votación, y en el borrador avanzado, se prevé que quedarán amparados por la ley del referéndum.

Puigdemont debe dilucidar también la compra de urnas, algo que tiene que resolver con prontitud ante la inminencia del 1-O y la CUP y distintos sectores independentistas han advertido que no aceptarán urnas de cartón. Finalmente, en cuando a los colegios electorales, el Govern tiene que determinar en qué lugares se podrá votar en todas aquellas ciudades cuyos consistorios ya han asegurado que no cederán locales.