La Generalitat no facilita las identidades de los responsables

Los Mossos d'Esquadra han remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Cataluña en el que la Generalitat se responsabiliza de la apertura de locales públicos durante la jornada del 9N, sin facilitar la identidad de las personas que lo autorizaron. En su respuesta al requerimiento de la Fiscalía para identificar a los responsables de locales públicos abiertos para el 9N, los Mossos se remiten a un escrito de la vicepresidenta, Joana Ortega, en el que esta sostiene que no está "en condiciones"de facilitar esas identidades, ya que "se ignoran las condiciones concretas en las que se puede haber accedido a cada una de las dependencias".

"Hay que tener en cuenta que estamos ante dependencias de titularidad de la administración de la Generalitat y de otras administraciones públicas, y las condiciones de apertura de las mismas son responsabilidad de la administración titular", remarca Ortega en su escrito, al que ha tenido acceso Efe.

La Fiscalía Superior de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, remitió el pasado sábado un oficio al director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, en el que le ordenaba que la policía catalana identificara a "la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorización se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades"del 9N.

Pocos minutos después de que trascendiera el escrito de la Fiscalía, el Gobierno catalán emitió un comunicado en el que aseguraba que la Generalitat era la única responsable de autorizar el acceso a los locales públicos que se utilizaron como puntos de votación en el 9N, por lo que a lo largo de la jornada de ayer los Mossos d'Esquadra no llevaron a cabo identificaciones en esos centros, ni de directores de instituto, ni de voluntarios.

En el escrito que ayer dirigió a la Fiscalía, el director de los Mossos, Albert Batlle, se limita a transmitir al ministerio público la información facilitada por el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, que es el que ha coordinado los preparativos del 9N de la mano de su titular Joana Ortega, que también ostenta el cargo de vicepresidenta de la Generalitat.

En un breve carta de dos párrafos, Ortega responde al requerimiento de la Fiscalía alegando que no está "en condiciones"de proporcionar "una información de la que no se dispone"y limita la responsabilidad de la apertura de los locales en la Generalitat y las demás administraciones públicas titulares.

A instancias de la Fiscalía, los Mossos también remitieron ayer por la mañana otro informe al ministerio público con una relación de los locales públicos que abrieron con motivo del proceso participativo del 9N.

Para elaborar ese primer informe, los Mossos pidieron a Gobernación que le comunicara la relación de todos los locales abiertos (en total 1.317) y luego seleccionaron los públicos.

Las diligencias encargadas por la Fiscalía siguen su curso, de forma paralela a las investigaciones abiertas por juzgados de toda Cataluña a raíz de las denuncias que formaciones políticas y particulares han presentado este fin de semana por el 9N.

Entre esas denuncias, figura la que UPyD presentó ayer ante el juzgado de guardia de Barcelona contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los consellers de Interior, Ramon Espadaler, y Educació, Irene Rigau, así como la que Plataforma x Catalunya interpuso contra la vicepresidenta Joana Ortega, por comparecer públicamente para informar del 9N.

El juez de guardia abrió ayer diligencias con relación a esas denuncias, pero -como él mismo apuntaba en su auto- lo más probable es que acabe por inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforadas de las personas investigadas, aunque el magistrado no tiene previsto hacerlo hasta que no reciba el atestado que encargó a Mossos sobre el 9N y sus responsables.

En caso de que estas denuncias acaben en el TSJC, es posible que acaben acumulándose con la querella que Manos Limpias presentó contra Mas por desobediencia, que el alto tribunal todavía no ha admitido a trámite a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre ese aspecto, han explicado fuentes judiciales.