La gestora revisará la relación con el PSC y no echará a los díscolos

No podrá sancionar ni a los catalanes ni a las independientes por Madrid, Robles y Cantera

La gestora aspiraba a conseguir una abstención en bloque y sus intentos de «persuadir» a los díscolos no dieron resultado. Finalmente fueron 15 los diputados que rompieron la disciplina de voto, aunque la dirección interina de Ferraz sólo tiene capacidad de actuación sobre los seis que militan en el PSOE. De los restantes, dos son independientes –y, por tanto, no afiliadas–: Margarita Robles y Zaida Cantera, sobre los que la gestora reconoce no tener «ninguna capacidad» y siete forman parte del PSC, que es un partido autónomo.

Es precisamente el vínculo con este partido el que corre un riesgo mayor. Ayer el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, señaló a su salida del Pleno de investidura que es «absolutamente indispensable» revisar las relaciones con el partido hermano, después del desacato de sus siete diputados. La revisión atañe al «protocolo de unidad» que vincula a ambos partidos desde 1978, un documento que no se ha tocado desde entonces y que garantiza la participación de los socialistas catalanes en los principales órganos del PSOE: la Comisión Ejecutiva Federal, el Comité Federal y el Congreso Federal. No obstante, la legitimidad de la gestora en este asunto está en cuestión, pues no está claro que una dirección interina pueda llevar a cabo una decisión de tanto calado, que debe acometerse, en cualquier caso, en un congreso federal. El portavoz apuntó que el resultado final de la votación estaba dentro de las «previsiones» que tenía el partido y llamó a «distinguir» entre los diputados del PSOE y los que son «militantes del PSC», porque sobre estos segundos el partido «no tiene jurisdicción».

Respecto a los seis diputados que efectivamente militan en el partido, Jiménez no quiso adelantar futuras sanciones, si bien señaló que una vez reciban la «certificación» de esas indisciplinas, la dirección «tomará sus decisiones» «con toda tranquilidad y sosiego» y «pensando en lo mejor para la organización y para el trabajo». Aunque los Estatutos Federales y el Reglamento de Cargos Públicos del PSOE facultan al grupo y a la ejecutiva para «denunciar su conducta» al Comité Federal, que podría –si la estima «grave»– proceder a «darles de baja en el grupo parlamentario, no se prevé que se produzca una sanción tan drástica. Así lo manifestó el propio presidente de la gestora, Javier Fernández, que reconoció que «no está en su cabeza echar a nadie». Sin embargo, también existe una sanción económica, que tanto los díscolos como otras fuentes del grupo socialista dan por segura. Se trata de una multa de 600 euros, prevista en el reglamento interno del grupo e impuesta en otros casos de desobediencia.

La gestora impuso, tras el Comité Federal, que la abstención fuera en bloque de todo el grupo. Una decisión muy cuestionada por los diputados afines a Pedro Sánchez, que hasta entonces habían defendido el «no», para convertirla en una «abstención mínima» de sólo los 11 diputados imprescindibles para investir a Rajoy y que permitiera al resto del Grupo Socialista mantener el veto al candidato popular para no perder credibilidad. Incluso, algunos de estos diputados que habían defendido el «no» llegaron a postularse para ser ellos los 11 abstencionistas, una iniciativa que se impulsó en la reunión de grupo, pero que no prosperó. Los que la defendieron en aquella reunión optaron ayer por cumplir la disciplina de voto y abstenerse.