La Guardia Civil halla facturas que prueban el fraude de los ERE

Los documentos, entre ellos numerosas facturas, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado en los registros (13, hasta el momento), dentro de la «Operación Heracles».

Los documentos, entre ellos numerosas facturas, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado en los registros (13, hasta el momento), dentro de la «Operación Heracles», sobre los ERE fraudulentos en Andalucía, están permitiendo la confirmación de los indicios delictivos que dieron origen al inicio de dicha operación, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

La investigación sigue la pista de las facturas por llevar hacia el posible reparto del dinero bajo una pátina de legalidad. Las tres principales empresas pantalla, administradas por testaferros, son Estudios Agenciales SL, Distripack Transporte Urgente y Atrado Mensajería. Precisamente, un testaferro, Juan Francisco Algarín, que quedó en libertad tras pagar 10.000 euros, facturó 300.000 euros a Mercasevilla de cien toneladas de pintura que nunca llegaron a entrar en la lonja pública.

Algunos de los registros han sido realizados en las empresas que actuaban como «mediadoras» (Uniter y Vitalia, fundamentalmente). El administrador de Uniter, José González Mata, citado a declarar por la juez, confirmó a este periódico que la Guardia Civil se llevó una copia de los discos duros de los ordenadores. Los documentos hallados podrían, al final de las investigaciones en marcha, poder acreditar el «modus operandi» que seguían en las supuestas actuaciones fraudulentas. Estas entidades, tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer, se dirigían a empresas o trabajadores particulares, a los que ofrecían financiación pública (proveniente de la Junta de Andalucía) con el fin de realizar reestructuraciones de plantillas.

La mediadora Vitalia es uno de los nudos de la trama, en el epicentro de la última oleada de registros y detenciones. La sospecha viene de lejos. La Guardia Civil argumentaba en un oficio del 24 de julio de 2012, base de la línea de investigación bajo secreto de sumario: «La mediadora es partícipe fundamental en los hechos que se investigan, al haber gestionado la formalización de las pólizas mediante las que se han hecho efectivas las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta en el marco de diferentes ERE, percibiendo cantidades en concepto de gastos de adquisición que resultan muy superiores a la media del mercado». «Se trata de esclarecer el presunto enriquecimiento ilícito que determinadas personas encartadas en la investigación puedan haber obtenido, por lo que es imprescindible para el buen fin de la investigación estudiar el flujo del dinero relacionado con la mercantil Vitalia».

Los documentos, que serán incorporados a las diligencias que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, han permitido descubrir «el flujo irregular de dinero que seguían determinados fondos procedentes de la Junta de Andalucía. El circuito alcanzaba a todos los que daban cobertura y hacían posible la salida de esos fondos públicos, lo cual se conseguía mediante diversos entramados de empresas instrumentalizadas para tal fin», confirma una nota hecha pública ayer por la Guardia Civil.

Desvío de dinero

La Benemérita trata de identificar a los últimos beneficiarios y responsables de los hechos investigados y, lo que es muy importante, «las motivaciones que propiciaron el mantenimiento en el tiempo del sistema irregular implantado».

LA RAZÓN ya adelantó que la operación ha desvelado, hasta el momento, el desvío de unos 50 millones de euros, «si bien se prevé un aumento significativo de dicha cantidad a medida que se analice la abundante documentación incautada en los registros practicados, en los que también se ha intervenido material informático y 82.000 euros fraccionados en distintos sobres», agrega la nota.

Las fuentes consultadas por este periódico se negaron a facilitar más nombres de personas supuestamente implicadas que las que ya han aparecido en los medios de comunicación. Sobre la posible presencia de políticos, recordaron que, normalmente, se trata de personas aforadas que, para ser investigadas, debe realizarse a través de otras instancias judiciales a las que instruyen en estos momentos el asunto.