La izquierda boicotea en España el plan antiterrorista aprobado en la UE

Los países vecinos ya han puesto en marcha medidas que el PSOE rechaza. Francia: prohibición de entrada y salida del país y control de comunicaciones y web. Reino Unido: las compañías aéreas tendrán que entregar los datos de pasajeros. Alemania: retirada del DNI a los sospechosos de formar parte de grupos terroristas

Mientras la gran mayoría de países europeos han contado con el apoyo de la oposición para aumentar las medidas contra el terrorismo yihadista, en España, la izquierda quiere retomar ahora el debate sobre seguridad y libertad, con el Gobierno pendiente de sacar adelante un pacto de Estado contra esta amenaza. Así, el martes una delegación parlamentaria del PSOE con su portavoz, Antonio Hernando, a la cabeza sentó –con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Justicia, Rafael Catalá– las bases de un futuro pacto. Este acuerdo se articulará en una proposición de ley orgánica sobre medidas para combatir el terrorismo internacional, que estará lista en un mes. La norma rescata un paquete de doce enmiendas, que en un principio se preveía incluir en la reforma del Código Penal, pero que finalmente se han desvinculado de la misma ante la intención manifiesta del PSOE de votar en contra de la modificación del texto.

En favor de alcanzar el consenso en un tema de capital importancia, el Gobierno accedió a tramitar por separado estas medidas, entre las que destacan novedades como la regulación de la figura del «lobo solitario». También se propone la elevación de las penas; se castiga el depósito y tenencia de armas con fines terroristas, el adiestramiento pasivo y la autorradicalización, así como el desplazamiento a zonas de conflico para integrarse en organizaciones terroristas. También se amplía el concepto de pertenencia a organización terrorista y se castiga su financiación, aunque no se forme parte de la banda.

Las nuevas tecnologías juegan un papel esencial en la difusión del yihadismo por lo que el Gobierno penalizará la difusión en internet de contenidos terroristas, así como el enaltecimiento del mismo. También se castigará la provocación, conspiración y proposición de delitos de terrorismo, se inhabilitará para ser docentes a quienes tengan antecedentes de este tipo penal y se considerará agravante de reincidencia al condenado por terrorismo en otro país. La interceptación de las comunicaciones telemáticas y telefónicas que opera a nivel europeo, así como la apertura de un registro de viajeros sospechosos en aeropuertos quedarán para las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Seguridad Ciudadana respectivamente.

Para los socialistas «mejorar la seguridad» no puede suponer «perder un ápice de libertades» por lo que «no les gusta» la redacción inicial de algunas de las enmiendas propuestas por el PP. Según fuentes del partido consultadas por LA RAZÓN, el PSOE considera que se ha establecido una «tipificación muy amplia e imprecisa» que podría generar conflictos con los derechos fundamentales. En concreto, el PSOE pide que se especifique «de forma más rigurosa» en qué casos se puede hablar de «terrorismo», pues consideran que supuestos como «alterar la paz social» o manifestarse ante una institución, como el Congreso, no tienen tal condición.

Otra de las líneas rojas de los socialistas es la penalización por consultar páginas en internet de contenido yihadista, ya que entienden que existe un colectivo de investigadores que se nutren de esas webs y necesitan visitarlas con frecuencia sin ser castigados por ello. Tampoco se muestran a favor de castigar a quienes viajen a Siria y piden una mayor precisión en la denominación de la figura del «lobo solitario», pues consideran que con la actual redacción el hombre que estrelló su coche contra la sede del Partido Popular encajaría en este precepto, sin tener vínculos aparentes con la yihad.

Esta actitud obstaculizadora del PSOE contrasta con la adotada por sus socios europeos y responde al temor a quedarse solo en su pacto de Estado con el PP que no sea respaldado por el resto de fuerzas de la oposición. Los socialistas son conscientes de que un binomio PP-PSOE les perjudica, por lo que el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, comenzó la semana pasada a realizar discretos contactos –que esta semana se intensificarán– con líderes de otras fuerzas políticas en el parlamento para que se incorporen a la negociación pese a las reticencias iniciales. «Es importante que estemos todos», confirman desde el PSOE.

- Hollande: Espionaje en webs y prohibición de entrada o salida del país

Los socialdemócratas de François Hollande no han dudado en realizar una serie de cambios legislativos para frenar esta amenaza, la cual han sufrido hace apenas diez días. Así, en este país, la Ley 2014-1353 recoge una serie de medidas de lucha contra el terrorismo que van desde la prohibición de salida del país hasta el control de las páginas webs o comunicaciones. Ni el presidente galo ni su primer ministro han dudado (ni han sido criticados) en realizar cambios legislativos. Este último, Manuel Valls, todo un ejemplo para Pedro Sánchez, ha admitido estar en «guerra contra el yihadismo» y ha pedido que se desbloqueen los registros de pasajeros, más control en internet y reforzar el espionaje.

De esta forma, Francia puede prohibir la salida del país de personas sospechosas de participar en actos terroristas en otros países o de querer adiestrarse para atentar en suelo galo. También controlará y limitará la entrada al país de todas aquellas personas no residentes consideradas una amenaza. Siempre, eso sí, informando al afectado, que podrá recurrir.

Si fuese necesario, a los extranjeros condenados por terrorismo o en arresto domiciliario incluso se les puede prohibir relacionarse con sospechosos de terrorismo.

Y, entre las medidas que en España se consideran polémicas, podrá bloquearse un servicio de comunicación on-line o exigir la retirada de determinados documentos. La persecución de estos delitos puede llevar a los agentes a participar en redes sociales o webs sospechosas con una identidad falsa y contactar con los posibles terroristas.

- Cameron: Control de pasajeros y vigilancia de webs

Hasta la oposición ha apoyado la ampliación de las medidas contra el terrorismo yihadista que marca el «Terrorism Act 2000». Incluso el líder del Partido laborista, Ed Miliband, ha pedido endurecerlas y aumentar el control en las fronteras o del pasaje de determinados vuelos. Pero también avalaría ahora una intervención militar en Siria.

De momento, el Gobierno conservador de David Cameron ha anunciado más medidas como, por ejemplo, la obligación legal de que colegios, universidades y policías contribuyan a frenar la captación, principal problema de esta amenaza, pues los yihadistas aprovechan la pobreza para este fin. Pero no se quedan ahí y se fortalecerán las medidas de prevención y control de sospechosos, pudiendo reubicar en diferentes zonas del país a los posibles terroristas. Habrá más control de las salidas al extranjero, pudiendo retirar la documentación a quienes se considere que van a luchar o a adiestrarse en zonas como Siria o Irak; se exigirá a las compañías aéreas los datos de pasajeros de una forma más eficaz; se luchará contra la financiación de grupos terroristas considerando, por ejemplo, delito el pago de rescates y habrá un mayor control de internet, lo que pasa por requerir a los proveedores que mantengan más tiempo la información para identificar a los terroristas y se investigarán y podrán bloquear webs.

- Merkel: Retirada de la documentación y control de los viajes de sospechosos

Entre las medidas que el Gobierno de Angela Merkel pondrá en marcha –sin críticas– destaca, además la de castigar la financiación del terrorismo, aumentar el presupuesto policial o la retirada del documento de identidad a los sospechosos de formar parte de grupos terroristas. No sólo se les quitará, se les sustituirá por otro que les impedirá salir del país. Habrá más control de los viajes de los considerados amenazas potenciales, de los pasajeros de determinados vuelos y se permitirá una mayor persecución y prevención de delitos a través de internet y las redes sociales.