La Junta defiende la buena gestión de los altos cargos imputados por los ERE

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha pedido respeto a la presunción de inocencia de la veintena de cargos imputados por la jueza Mercedes Alaya por los ERE irregulares y ha valorado su "buena gestión"y que "han defendido Andalucía y hasta el último céntimo de dinero público".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el transcurso del cual se ha conocido la noticia de la imputación de estos cargos de la Junta -entre los que se encuentra la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez-, Vázquez ha optado por ser prudente hasta conocer las razones que han llevado a la jueza a tomar esta decisión.

Asimismo, Vázquez ha censurado el auto de ayer de la juez Alaya en el que cuestiona que la Junta de Andalucía tenga competencias para pagar ayudas socio-laborales porque a un "juzgado de instrucción no le corresponde dilucidar si una comunidad autónoma es competente"en esa materia.

En este sentido, ha señalado que la Constitución establece que es el Tribunal Constitucional el competente para un conflicto de competencias entre administraciones.

Igualmente, el portavoz del Gobierno andaluz ha reprobado que la juez "deje en manos de un alto funcionario del Ministerio de Empleo", como es el secretario general técnico, la decisión sobre si la Junta invadió competencias al regular las ayudas sociolaborales.

"No parece que sea el camino adecuado que se consulte a un alto funcionario del Ministerio", ha dicho Miguel Ángel Vázquez, quien ha incidido en que la "petición de información de la jueza no se dirige a la fuente correcta".

Ha asegurado que la doctrina del Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el Estatuto de Autonomía avalan la competencias de las comunidades autónomas para regular las ayudas sociolaborales.

Además, ha alegado que el Estado no ha recurrido nunca ninguna normativa reguladora de estas ayudas en Andalucía y, de hecho, ha firmado con las comunidades autónomas convenios de colaboración para acometer las ayudas a empresas en crisis.

En el auto de ayer la juez Alaya pide que se libre un oficio a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que informe si las ayudas sociolaborales previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por ERE de la Junta están incluidas en el ámbito laboral, "cuya legislación es competencia exclusiva del Estado".