La Junta para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

La Junta de Andalucía paralizó ayer temporalmente la adjudicación del contrato de explotación de la mina de Aznalcóllar al grupo Mexico-Minorbis al detectar «irregularidades» el Juzgado de Instrucción Número 3 de Sevilla. Esta paralización cautelar la anunció la presidenta en funciones. El Ejecutivo autonómico pone la «mano en el fuego» por la pulcritud del proceso administrativo, pero la magistrada ha mandatado a la Policía para que presten declaración, entre otras personas, la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio.

Por su parte, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía precisó ayer que decidió la suspensión «temporal» de la adjudicación de la explotación minera por «prudencia» tras el auto judicial y defendió la «total limpieza» del concurso internacional y de las actuaciones y el «inmenso esfuerzo» de los funcionarios y los miembros de la mesa, por los que pone «la mano en el fuego».

La jueza, en el auto que avanzó El Mundo, consultado por LA RAZÓN, señala que de la información recabada hasta el momento, y «en particular del atestado elaborado por la Udef (Unidad contra la Delicuencia Económica y Fiscal) se evidencian al menos indiciariamente irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante», la empresa Emerita Resources España S. L. U, que llegó junto a Minorbis a la segunda fase del concurso internacional que abrió la Junta andaluza.

El auto señala que el grupo Minorbis no cumplía «las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso adjudicación». «No se observa –abunda la jueza– el más mínimo rigor en la actuación de la administración y ello pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el desastre del vertido ecológico en el año 1998».

Entre los requisitos que no cumpliría el grupo adjudicatario, la jueza señala la contratación de un «un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe mínimo de 1.500.000 euros. La suscrita por Minorbis es sólo una póliza de responsabilidad civil general». Asimismo, señala el «incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales en el registro mercantil o declaración del volumen global de negocios». Aparecen, asimismo, por parte de Minorbis, «simples capturas de pantalla de las web de grupo México y referencias genéricas suplen el deber de acreditar el capital social suscrito, la experiencia de trabajos similares y el volumen de negocio análogo».

Por otra parte, «el equipo técnico mínimo es puntuado con la nota máxima de diez por la comisión técnica pese a las evidentes carencias que presenta, con múltiples documentos no convalidados, siquiera y evidentes deficiencias cuantitativas y cualitativas». En quinto lugar reseña que «en el apartado de maquinarias, material y equipo técnico no se observan tampoco cumplidas las exigencias que consigna el punto 2.4 del anexo 1.2 y la maquinaria citada se encuentra además en América».

«Todos los aspectos reseñados en el cuerpo de esta resolución –prosigue el auto– y los que puedan ponerse de manifiesto a través de las investigaciones en curso exigen que se cite por la fuerza actuante para prestar declaración a las personas que se relacionan con el atestado de referencia, incluyendo a los técnicos y a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio».

Asensio compareció ayer ante los medios junto al secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández. Ambos altos cargos señalaron que el concurso minero es «único y singular» –recoge Ep– y que posee una «gran complejidad». Se mostraron confiados en que la investigación penal quede «archivada». «Todos y cada uno de los aspectos recogidos en el auto tienen su correspondiente explicación y las daremos para que quede claro. No ha habido un concurso con más transparencia que el de Aznalcóllar», adujo el secretario general de Innovación, Industria y Energía.

Vicente Fernández emprenderá asimismo acciones legales contra aquellos que «insinúen» que él pudo influir en la resolución del mencionado concurso internacional para adjudicar la mina de Aznalcóllar. Fuentes cercanas al procedimiento indicaron a Ep que hoy Fernández va a presentar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla un escrito donde pedirá comparecer a petición propia.

La reapertura de la mina de Aznalcóllar es uno de los proyectos industriales estrella de la Junta de Andalucía, que le llevó incluso a un fuerte encontronazo con el Gobierno central, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad del que desistió.

Esta cuenca minera sevillana aún sufre las consecuencias laborales del desastre de 1998. La rotura de una presa bañó de vertidos tóxicos la ribera del Guadiamar y se quedó a las puertas del Parque Nacional de Doñana. 4.600 hectáreas afectadas. 200 millones de euros costaron las ingentes labores de limpieza y reconstrucción. La empresa concesionaria comprometió 480 empleos directos y 700 indirectos con el nuevo proyecto de explotación.