La justicia escocesa revisará de nuevo la extradición de Ponsatí el 12 de junio

La Justicia escocesa volverá a revisar la extradición de la exconsellera catalana Clara Ponsatí el 12 de junio.

La Justicia escocesa volverá a revisar la extradición de la exconsellera catalana Clara Ponsatí el 12 de junio. Así lo ha fijado un tribunal de Edimburgo con el objetivo de recabar información de las autoridades españolas sobre los cargos de los que se le acusa.

Las partes han acordado hoy durante una breve vista que la defensa de Ponsatí pida a la Fiscalía, que actúa en representación de España, que solicite información legal más precisa sobre las imputaciones que pesan sobre la exconsellera.

En marzo, el Tribunal Supremo español emitió una euroorden de detención contra la política por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con la celebración del referéndum ilegal de 2017 en Cataluña.

En la audiencia de hoy, que ha durado algo más de media hora, se ha acordado que el abogado defensor de Ponsatí, Gordon Jackson, pida a la Fiscalía, representada por Michael Meehan, que transmita a las autoridades judiciales españolas una solicitud de información sobre la definición de los cargos que se le atribuyen a la política.

Antes del inicio del juicio, previsto para el 30 de julio, se celebrará una nueva vista procedimental el 5 de ese mes.

Tras personarse ante el tribunal, Ponsatí ha comparecido ante los medios de comunicación congregados a las puertas de la corte, acompañada de su representante legal, Aamer Anwar.

De acuerdo al sistema judicial británico, Ponsatí cuenta con dos abogados, Anwar, que es su representante legal, y Jackson, que ejerce su defensa ante la Justicia escocesa.

Anwar ha leído un comunicado, en nombre de su representada, en el que ha señalado que los argumentos que se presentarán para rechazar la entrega a España se basarán «en muchos motivos, incluida la afirmación de que se trata de una persecución motivada políticamente».

Ha insistido en que el hecho de extraditar a Ponsatí sería «injusto, opresivo e incompatible con los derechos humanos».

«España ha fallado en especificar un solo acto de violencia atribuible a Clara Ponsatí y las alegaciones a las que se enfrenta son una grotesca distorsión de la verdad», ha sostenido.