Política

La malversación del 1-O: se usó la Generalitat como un "cortijo"para "comprar apoyos"

La fiscal Madrigal tacha el supuesto desvío de fondos públicos de "execrable ataque a la esencia del estado social y democrático de Derecho"

Imagen de archivo de la "declaración de independencia"en 2017/Shooting
Imagen de archivo de la "declaración de independencia"en 2017/Shooting

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su Govern utilizaron la Administración catalana como "su particular cortijo"

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su Govern utilizaron la Administración catalana como "su particular cortijo"para aprobar el uso de fondos públicos, entre otros objetivos, para "comprar apoyos y opiniones favorables"al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Así lo ha asegurado la fiscal Consuelo Madrigal al exponer al tribunal del juicio del "procés"los argumentos que esgrime el Ministerio Público para condenar por malversación a nueve de los doce acusados (todos menos la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart).

La ex fiscal general ha asegurado que "estamos ante un desvío de fondos que en su totalidad puede ascender a tres millones de euros" repartidos fundamentalmente en gastos de cartelería, en la campaña del referéndum, en el reparto de las tarjetas censales a través de Unipost y en la contratación de los "observadores internacionales".

En opinión de la representante del Ministerio Público, ese supuesto uso ilegítimo de fondos públicos "no solo perjudicó a la Hacienda pública española y catalana", sino que constituyó "un execrable ataque a la esencia del estado social y democrático de Derecho". De ahí que considere "escandaloso"que la Generalitat, "como administración perjudicada", "no haya comparecido en este juicio como perjudicada".

En su informe final, Madrigal ha rebatido la imagen de una "Arcadia administrativa y pulcra"a la que aludieron en sus declaraciones como testigos diversos técnicos y funcionarios de la Generalitat. Al mismo tiempo, ha explicado "el silencio y las respuestas elusivas"de los contratistas en los que la Generalitat delegó esos trabajos en "el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marco que la Administración renueva anualmente".

Irónicamente, la fiscal ha dicho que Jordi Turull "batió records de velocidad al conseguir en tres días la financiación"para la campaña Civisme, 3,4 millones de euros que fueron traspasados a la carrera desde el fondo de contingencias. "Hubo un coste que hemos asumido en última instancia todos los contribuyentes", ha denunciado.

Madrigal se ha mostrado especialmente crítica con los llamados "observadores internacionales"y "visitantes"contratados por la Generalitat a través de Diplocat, que supusieron un desembolso de 338.607 euros, según la Fiscalía. Fueron los encargados, ha recalcado, de "crear la falsa apariencia de una observación de una consulta ilegal"en un cometido al que negó carácter científico. "Por supuesto que no fue una misión internacional de observación", ha subrayado.

Respecto a los trabajos realizados por Unipost (con un coste total de 979.661 euros), ha asegurado que "el presupuestó se encargó"y la empresa "inició los envíos, fraccionó sus servicios y los facturó", por lo que, aunque no se cobraron, "la realidad jurídica subyacente despliega sus efectos", pues "incluso la nulidad de los contratos no eximiría a la Administración de indemnizar a los contratistas".