La organizadora del acto de Durango participó en la «fijación de objetivos» de ETA

«Un papel destacado en la organización terrorista ETA desde 1999», «máxima responsable» del colectivo de abogados de la banda o «la persona idónea» por «llevar muchos años trabajando en la organización y conocer a mucha gente» para organizar un «Servicio de Inteligencia», una especie de red de captación de nuevos militantes para la banda. Son sólo tres ejemplos de la participación de Arantza Zulueta a lo largo de sus más de veinte años de relación con el entorno etarra, que enumeraba la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su petición de procesamiento de diez abogados investigados en la causa contra el colectivo de letrados de apoyo a la banda terrorista «Halboka». Y es que esta destacada abogada de la izquierda abertzale –acusada de integración en organización terrorista, colaboración y depósito de armas y explosivos– no sólo lidera el «Koordinazioa Taldea» (KT, por sus siglas), que pretende reunir mañana en Durango al conjunto de presos excarcelados de la banda, sino que al margen de su condición de letrada, «participó en actos relativos al cobro del impuesto revolucionario, a la fijación de objetivos de la banda o ayudando a los miembros de ETA a eludir la acción de la Justicia».

El fiscal José Perals enumera en su escrito hasta siete hechos concretos sobre la colaboración de Zulueta con la banda terrorista. Así, por ejemplo, inicia su relación de actividades con la «coordinación de las denominadas "atxas"o autocríticas, es decir, los informes que la banda obliga a hacer a los detenidos informando de lo que habían contado en sus declaraciones policiales y judiciales, y de los fallos cometidos que habían propiciado su detención». Para el Ministerio Público, Zulueta era la encargada de transmitir la autocrítica a Naia Zurriarain, que a su vez hacía llegar el mensaje a la dirección de ETA.

Natural de Lekeitio (Vizcaya), fue miembro de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y ha sido abogada de numerosos presos de ETA. En su labor reciente destaca su papel como abogada del macrosumario 18/98 contra el entorno político de ETA y ha participado recientemente en ruedas de prensa para denunciar la desaparición y muerte del etarra Jon Anza. Pero bajo el paragüas de la abogacía habría ayudado a la banda en muchas otras tareas. Según relata la Fiscalía en su escrito, en julio de 2006 comunicó a ETA que una persona objeto del denominado «impuesto revolucionario» pagaría en dos plazos y fue ella misma la que remitiría el primero de esos plazos a la banda terrorista.

Respecto a su ayuda para fijar posibles objetivos de futuros atentados, a Zulueta se le incautó en un bolso «un dispositivo informático con informaciones sobre vehículos utilizados por potenciales objetivos de ETA». Uno de los vehículo, prosigue el escrito, «era propiedad del Ministerio de Defensa», mientras que otro de los vehículos estaba relacionado con María San Gil, ex presidente del PP vasco. Asimismo, en octubre de 2006, ETA pidió a Zulueta que elaborara un informe de la seguridad de la Audiencia Nacional en Madrid para cometer un atentado en el Alto Tribunal. Entre otras cuestiones, la banda solicitaba información sobre los requisitos exigidos para entrar en el edificio, si cada juez disponía de un despacho propio o cuál era la distribución de cada planta del edificio.

Arantza Zulueta también tuvo relación con estamentos más bajos del entorno abertzale. Tras varias operaciones policiales en 2007 que acabaron con la detención de personas implicadas en la «kale borroka» o terrorismo callejero, la letrada «comunicó a la dirección de ETA cómo tenían que actuar los detenidos, proponiendo impartir charlas a grupos reducidos». Además, en octubre de 2007, comunicó a la dirección de la banda sus sospechas de que una persona detenida en una operación antiterrorista «podía ser colaborador del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)». A raíz de esa operación policial, explica el Ministerio Público, «la dirección de ETA comunicó a Arantza Zulueta que debía ponerse en contacto con las personas que no habían sido detenidas para captarles e informales de la posibilidad de ingresar en ETA».

Pero por si estos hechos no fueran ya suficientes, el Ministerio Público hace referencia a que Zulueta estaba en posesión de un depósito de armas y explosivos de ETA en 2010. Durante el registro en el despacho de Zulueta, en el que se incautaron 8.800 euros, también se halló un pendrive con información sobre varios depósitos armas y explosivos. Tras su localización, la Policía francesa halló en ellos 92 kgs de pólvora, un fusil de asalto «kalashnikov» negro, siete cajas de munición, temporizadores y 20.000 dólares.