La Policía vincula a una filial de Mediapro con el censo del 1-O

Ve indicios de que facilitó el soporte al servicio telemático utilizado por la Generalitat para la cesión de los archivos. Un juez de Barcelona investiga por revelación de secretos el traspaso de datos del Instituto de Estadística de Cataluña a la consejería de Junqueras

La Policía señala a dos altos cargos de la Generalitat - el director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) y el jefe de gabinete de Josep Maria Jové, ex número dos de Oriol Junqueras en Economía- como “piezas clave” en la obtención del censo electoral del referéndum ilegal del 1-O. En el oficio de la Brigada Provincial de Información de Barcelona que dio lugar a los registros del pasado día 12, los investigadores advierten además “indicios racionales suficientes” que vinculan a una filial de Mediapro con el servicio telemático utilizado, e-Valisa, para el trasvase de esos datos clave para celebrar la consulta independentista suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC).

El comisario jefe de la Brigada concluye que el servicio de la e-Valisa (una valija electrónica puesta en marcha por la Generalitat que permite enviar y documentación telemáticamente garantizando el blindaje de las comunicaciones) “sería explotado por la Administración Oberta de Cataluña bajo el mandato del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge dentro del paraguas de servicios de la extranet de las Administraciones Públicas y que su Centro de Proceso de Datos se encontraría migrado a la empresa Mediapro Cloud”, que habría sido la empresa elegida para dar soporte a ese servicio.

La Policía ha acreditado que Udina remitió el 19 de mayo del pasado año al jefe de Gabinete de Jové, Daniel Gimeno -ambos fueron detenidos en la operación del pasado día 12- los ficheros con los datos personales del Registro de Población de Cataluña a través de ese sistema telemático, “bajo una apariencia de total legalidad” (la firma de un convenio) aunque “sabían perfectamente que el destino final de los ficheros” era ponerlo en manos del Govern “como censo global de votantes para el referéndum ilegal del 1-O”.

Esa cesión de los ficheros “con datos e información de naturaleza sensible” -sostiene el oficio policial, fechado el pasado 29 de mayo- “no tenía por objeto actividades de la administración en el ámbito de sus competencias” y estuvo amparado por un convenio cuyo objeto no era, obviamente, la elaboración del censo del referéndum independentista, “causando con ello un grave perjuicio tanto para la causa pública como para terceros”.

La investigación por la supuesta comisión de un delito de revelación de secretos -que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona- apunta a que se utilizó el mismo medio para el traspaso de los datos del Registro de Catalanes y Catalanas en el exterior, que gestiona el Departament d´Afers Exteriors i Relacions Institucionals, que también firmó en su día un convenio para la cesión de sus datos a la Conselleria de Economia para confeccionar un registro de consultas populares y actos no referendarios. Acreditar este extremo era, precisamente, uno de los objetivos de los registros en el despacho de Jové de la pasada semana.

Por su parte, Mediapro asegura en un comunicado que “la Policía Nacional no encontró ningún vínculo entre la empresa Mediacloud y las actividades investigadas por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona en relación al referéndum del 1-0. El pasado 12 de junio y después de 57 minutos la Policía Nacional concluyó el registro de las instalaciones de Mediacloud sin encontrar ninguna evidencia ni realizar ninguna intervención”.