La ponente del «caso Nóos» pide tres meses más para redactar la sentencia

Samantha Romero solicita prorrogar hasta marzo el plazo para dedicarse en exclusiva al fallo

La magistrada encargada de redactar la sentencia del «caso Nóos», Samantha Romero, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Palma una prórroga de tres meses, hasta el próximo marzo, para poder seguir dedicándose en exclusiva a ese cometido.

Desde que el pasado 22 de junio el juicio del «caso Nóos» quedase visto para sentencia, la presidenta del tribunal ha estado liberada de cualquier otro cometido que no sea la redacción de la sentencia. Pero esa dedicación exclusiva tenía fecha de caducidad, el próximo 5 de diciembre (la duración de ese plazo era equivalente al número de sesiones, 61, celebradas en la vista oral, que comenzó en enero de este año). Ahora, y ante la evidencia de que no le da tiempo a concluir la sentencia antes de esa fecha, Romero ha solicitado una prórroga, lo que, según las fuentes consultadas, aboca a que el esperado fallo no se conozca antes de marzo de 2017.

La petición de la magistrada se trasladará en los próximos días a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que preside el magistrado Antonio Terraza, presidente a su vez del TSJ balear, e integrada a su vez por el presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Diego Gómez Reino, y por el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, entre otros. Estos magistrados deberán resolver la petición de la jueza Romero antes del próximo 5 de diciembre.

Previsiblemente, la Sala de Gobierno dará el visto bueno a esa pretensión, por lo que la magistrada podrá seguir centrada en la redacción de la sentencia (y en las periódicas reuniones con sus compañeras de tribunal, Eleonor Moyá y Rocío Martín, para consensuarla). Si no fuera así, Romero debería compaginar esa tarea con las obligaciones propias como magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, formando Sala para otros juicios y resolviendo los correspondientes recursos, con la prioridad que, en todo caso, suponen las causas con preso. Esa carga de trabajo extra acarrearía, con toda seguridad, que la notificación de la sentencia del «caso Nóos» se retrasase todavía más.

Entre otras cosas, la magistrada debe decidir si condena a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales imputados a su marido, Iñaki Urdangarín, en el IRPF de 2007 y 2008, por tributar a través de la sociedad que ambos compartían, Aizoon, sus labores de asesoría en diversas empresas privadas. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusaron a la hermana del Rey, pero sí lo hizo el sindicato Manos Limpias –investigado en la Audiencia Nacional desde el pasado abril por supuestas extorsiones a entidades objeto de sus querellas y a los propios abogados de la Infanta–, que pide para ella una pena de ocho años de prisión.

Además, el tribunal debe dilucidar si condena a Urdangarín y a su ex socio Diego Torres, para quienes el fiscal de Anticorrupción Pedro Horrach solicita penas de 19 años y medio y 16 y medio, respectivamente, por la supuesta apropiación de 6,2 millones de euros en la organización de varios congresos sobre turismo y deporte en Baleares y la Comunidad Valenciana cuando Jaume Matas y Francisco Camps presidían ambos ejecutivos autonómicos.

Hasta el momento, el hermetismo sobre el contenido de la sentencia es absoluto. Quinielas de puertas afuera, todas. Certezas, ninguna. La magistrada ya avisó en la sesión del juicio celebrada el pasado 24 de febrero, aprovechando el enésimo fuego cruzado entre las defensas y las acusaciones, que ni ella ni sus compañeras iban a dejarse influir por la presión. «El tribunal va a blindar su independencia –subrayó– y va a actuar conforme le obliga la Constitución y las normas legales que le vinculan».

Romero presidió el tribunal del «caso Nóos» tras la renuncia del magistrado encargado de hacerlo, Juan Pedro Yllanes, quien por sorpresa anunció su fichaje por Podemos, que le ha llevado al Congreso.