La reforma administrativa ahorrará 37.700 millones hasta 2015

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer el ahorro que estiman que dejará la reforma de la Administración Pública desde este año hasta 2015. Son cálculos hechos teniendo en cuentas criterios objetivos establecidos por la UE, pero también sobre la base de dar por descontado que las comunidades se implicarán y colaborarán en la reducción de organismos y en la eliminación de duplicidades. En total, 37.700 millones, sumado el ahorro por las medidas estructurales en empleo público (eliminación de días libres o ampliación de jornada, pero sin tener en cuenta la paga extra suspendida); la reforma local, aún pendiente de su aprobación definitiva; y todas las medidas de racionalización de estructuras incluidas en el informe sobre la reforma administrativa que ayer llegó al Consejo de Ministros. De este total de más de 37.000 millones, aproximadamente la mitad proviene de los menores gastos de personal.

Según los cálculos del Ejecutivo, la implementación de este proyecto supondrá un ahorro comparativo entre el Presupuesto de 2011 y el de 2015 de 17.500 millones. Y las 217 medidas de la reforma presentada esta semana derivarán en un ahorro de 6.500 millones para el Estado hasta 2015, y otros 16.300 para los ciudadanos en cálculo de oportunidad. «De cada euro que se ahorra la Administración, el ciudadano y las empresas se ahorran dos», explicó la vicepresidenta.

Esta previsión está hecha presuponiendo la implicación autonómica. El Gobierno huye de marcar imposición u obligatoriedad en esa colaboración, pero está enviando señales más o menos luminosas sobre hasta qué punto la flexibilización del déficit y las ayudas a la consolidación fiscal estarán determinadas por la buena disposición de las comunidades a la hora de hacer suyas las recomendaciones de su informe. Ayer se le preguntó de nuevo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre este punto, clave en el éxito o en el fracaso del proyecto. En vez de obligación, el ministro dijo que prefería hablar de «lealtad institucional» sobre una reforma que nace desde dentro de la Administración. Tanto él como la vicepresidenta elogiaron el compromiso autonómico y municipal en los ajustes y en el plan de reducción del gasto público que se está aplicando desde que se inició la Legislatura.

Pero hay cambios en los planes del Gobierno que colocan matices en este discurso tan medido y tan cuidado para huir de cualquier mensaje que las comunidades, especialmente las más conflictivas, como Cataluña o Andalucía, puedan usar como excusa para alimentar la confrontación. A finales de esta semana habrá una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero no para cerrar ya el déficit a la carta, como se esperaba, sino para presentar este informe de reforma y establecer el techo de gasto y cómo se va a repartir el déficit global en este ejercicio entre Estado y comunidades y ayuntamientos, teniendo en cuenta el nuevo margen que nos ha concedido la UE. Los objetivos individualizados se retrasan hasta finales de julio, tiempo que el Gobierno dice que da a las comunidades para que estudien el informe de reforma de las Administraciones y analicen la incorporación de sus recomendaciones a sus planes de consolidación fiscal y presupuestarios.

De momento, el Gobierno aprobó ayer las primeras medidas de desarrollo de este proyecto de racionalización de las estructuras. Un Real Decreto dio forma a la Oficina para la Ejecución de la reforma de la Administración, que elaborará un informe trimestral de la ejecución ministerial y otro anual sobre la ejecución global de la reforma, en el que señalarán lo que han hecho las otras administraciones públicas. Además, una vez constituida, esta oficina publicará las fichas de la auditoría completa realizada durante estos siete meses por la comisión que ha dirigido la vicepresidenta, con el apoyo fundamental de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia. Es decir, que dejará al aire las vergüenzas de todos.

El Consejo de Ministros también aprobó la simplificación de 63 trámites administrativos, con un ahorro de 478 millones de euros. A partir de ahora se podrá presentar documentación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria sólo con el Código Seguro de Verificación y también se podrá, por ejemplo, realizar telefónicamente ante el Servicio Público de Empleo la solicitud de reanudación de prestación contributiva o la solicitud de compatibilidad de la prestación contributiva con la realización de un trabajo a tiempo parcial.

Uno de los interrogantes sobre esta reforma es si el ahorro va a ser a costa de aumentar el desempleo entre interinos y eventuales. La explicación del Gobierno es que la supresión de organismos permitirá desviar ese personal a otras funciones en las que hacen falta apoyos como consecuencia de la decisión de establecer una tasa de reposición cero, salvo contadas excepciones. En suma, jugar con la flexibilidad y ofrecer, según la vicepresidenta, una «carrera profesional», aprovechando personal con experiencia. Ante la insistencia al respecto, precisó que sí habrá salidas, pero de «personal eventual, asesores». Por cierto, entre sus recomendaciones el Gobierno plantea establecer criterios homogéneos entre los altos cargos territoriales, en número o retribuciones, y, además, fijar la condición de que asesores y personal eventual fichado de fuera de la Administración tengan que demostrar experiencia y cualificación profesional.