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La reforma de la Ley del TC tumbaría la defensa de Mas

Se escudó en que nadie le comunicó la suspensión, lo que ahora no sucedería, ya que lo haría directamente el Alto Tribunal.

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Nadie hizo «absolutamente nada» para intentar suspender la consulta soberanista que llevó a cabo el Gobierno de Artur Mas el 9 de noviembre del pasado año. Ni el Poder Judicial, ni el Gobierno, y ni el propio Tribunal Constitucional, que el día 4 había dictado una providencia por la que la paralizaba, realizó actividad alguna para que no se llevara a cabo y que no respondió cuando los servicios jurídicos del Govern le pidieron que aclarara qué actos concretos quedaban prohibidos. El Tribunal Constitucional, según Mas, podría incluso haber acudido a la jurisdicción ordinaria para garantizar que se ejecutara su suspensión, pero ni lo hizo ni se le advirtió de sus consecuencias,y, al no hacerlo, no podía conocer que estaba obligado a ello por la providencia del día 4. Éstos fueron algunos de los argumentos que empleó el actual presidente en funciones de la Generalitat en su declaración del pasado viernes ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Joan Manuel Abril como imputad por un delito de desobediencia.

Esas tesis de defensa, al margen de las valoraciones que les corresponde realizar al juez, fiscal y acción popular, difícilmente la podría utilizar con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por la sencilla razón de que no es previsible que se puedan plantear esas situaciones. Con la reforma de la citada ley, aprobada definitivamente el pasado día 15 –coincidiendo, precisamente, con la declaración de Mas ante el TSJ catalán–, el Tribunal Constitucional tiene facultad para acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario y velará «por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones»; e incluso tiene potestad para sancionar o llegar hasta la suspensión de funciones de quienes incumplan sus resoluciones, y permitirá, por tanto, aplicar tales sanciones al presidente catalán si desobedeciese alguna orden del alto tribunal sobre el proceso soberanista.

De esta forma, a partir de ahora, si el Parlament o Gobierno de Cataluña adopta una resolución que el Ejecutivo de la Nacional entienda que puede ser inconstitucional –como la anunciada declaración institucional de independencia–, ésta quedaría directamente suspendida al recurrirla al TC y el propio tribunal tendría ya las herramientas para obligar directamente a las autoridades o quienes adoptaron esa decisión a respetar su resolución, y no sólo eso, sino a cumplirla de forma inmediata bajo amenaza de las sanciones estipuladas, que llegarían hasta la suspensión.

Por tanto, Mas no podrá escudarse en que nadie le haya avisado de las consecuencias ni de que estaba efectivamente suspendido un acto o una decisión, porque será el propio TC quien le comunicaría expresamente que debe acatarla y de las consecuencias de su incumplimiento.

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Estrategia absurda

Por otro lado, en relación con la declaración que prestó Artur Mas, el abogado Pedro Muñoz, en representación de Manos Limpias –que ejerce la acción popular–, considera que los argumentos jurídicos que utilizó no fueron «nada convincentes» y utilizó el actual presidente en funciones de la Generalitat, sino una «estrategia absurda, como fue la de negar la mayor», en referencia a la desobediencia a la suspensión que acordó el TC.

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En su opinión, todo estaba dirigido a «ganar tiempo, para que pueda ser nombrado presidente de la Generalitat antes de inhabilitado y evitar que la CUP y ERC tiren de la manta».