La república catalana pediría a España mantener el prefijo internacional +34

Los ideólogos del «estado» habían planeado un entramado para controlar las comunicaciones.

Los ideólogos de la futura «república catalana» reconocían, en documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, sus carencias en lo que a telecomunicaciones y ciberseguridad se refiere. De hecho, admitían que, sin la ayuda de España, no podían echar a andar el nuevo estado. Verdad y mentira, como quedó demostrado cuando la Guardia Civil desmanteló todo el entramado telemático que habían organizado para el referéndum ilegal del 1-O .

Uno de los «problemas» que más acuciaba a los autores del documento, que ha sido entregado por la Unidad de Policía Judicial de la Benemérita a la Justicia, es que España permitiera a Cataluña, hasta que tuviera uno propio, el uso del prefijo internacional +34. Después lo cambiarían con el sistema de numeración telefónico y radiotransmisores.

Sistema electoral

Es conocido que el que tiene un proyecto oculto en marcha al final cede a la tentación de introducir, entre miles de folios, el sello de lo que está tramando. De hecho, reconocían que preparaban «las bases de datos para tener un sistema electoral operativo y unos documentos de identificación».

También tenían prevista «la creación de una sola estructura de mando de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) que incluiría a los principales «organismos con competencias en la materia, como la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informacio (DGTSI), el Centre de Seguretat de la Informacio de Catalunya (CESICAT), el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio (CTTI), la Administració Oberta de Catalunya (AOC) y la Agencia de Protecció de Dates de Catalunya (APDCAT). Este mando se debería coordinar con el consorcio municipalista Localret, diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos en cuanto a la Administración Local, haciendo una mención especial a la coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona por su potencia respecto a las TIC y su ubicación clave en el territorio».

Lo que subyace en el texto de los documento es que todo quedara bajo el control de la «república» con una «estructura dotada de medios personales y presupuestarios suficientes».

«En líneas generales–decían–, la presencia online de los organismos de la Generalitat mediante servidores web, de correo y otros tipos, que proporcionan a los ciudadanos información y servicios en forma de aplicaciones, está razonablemente protegida ante posibles ataques de “hacking” (intrusiones de terceros para modificar su contenido o el funcionamiento, o bien para acceder a los datos que contienen) y de DDoS (inutilización por saturación, vía una cantidad desmesurada de peticiones de acceso)».

El Estado catalán «debería asumir el reto de gestionar de manera estratégica todo lo que desde la acción política y de gobierno está vinculado con el ámbito de las redes sociales. En un momento en que una parte muy importante de la ciudadanía se informa y crea contenidos a través de las redes sociales, la gestión de la presencia y el posicionamiento de los principales actores e instituciones del país se convierte en un tema central».

Y explicaban por qué: «Hoy, una buena parte de los ciudadanos recibe su información mediante las redes sociales, especialmente en momentos de actividad informativa intensa. Se ha comprobado en casos tan diversos como jornadas electorales (dato a tener en cuenta), eventos deportivos, accidentes o desastres naturales. De hecho, lo que circula por las redes sociales acaba en muchas ocasiones elevado a la categoría de fuente informativa por parte de los medios de comunicación convencionales, incluidas la radio y la TV, que multiplican la difusión. Por eso es conveniente asegurar una presencia adecuada de los organismos y servicios públicos catalanes en las principales plataformas 2.0.».

Amenazas

Lo que no deja de llamar la atención, después de lo ocurrido durante el citado referéndum y su preparación, es que digan que «las TIC, como elementos que forman parte del ciberespacio, deberían ser protegidas ante las amenazas propias de la red. Los ciberataques son una realidad que puede desestabilizar infraestructuras, sectores económicos e incluso gobiernos. Por otra parte, dada una hipotética utilización de las redes sociales para generar desconcierto, desconfianza y descoordinación entre los actores, las instituciones y la ciudadanía, sería del todo conveniente garantizar la presencia de las instituciones, organismos y servicios públicos catalanes en las redes».

Proponían «elaborar un manual de actuación para eventuales suplantaciones y secuestros de la identidad digital, estableciendo un contacto previo con los gestores de las principales redes sociales». Y «preparar un protocolo de elaboración de los mensajes (contenido, frecuencia, estilo...) que, dentro del plan general de comunicación, deberían emitir a través de las redes sociales, así como prever un sistema de atención de consultas de los ciudadanos y la gestión de los rumores infundados e informaciones falsas».