La suerte de la Infanta se decidirá en abril

La declaración de la Infanta Cristina ante el juez ha permitido despejar, tras más de tres años de instrucción, la investigación del «caso Nóos». Por delante, el juez José Castro sólo tiene una decisión trascendente que tomar que podría demorar el cierre de las diligencias: la petición de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, de que declare en la causa como testigo el ministro de Justicia, y ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en relación a un convenio bajo sospecha suscrito entre la oficina olímpica Madrid 2016, cuyo patronato él presidía como regidor de la capital, con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis) en la que el duque de Palma figuraba en el consejo asesor.

En septiembre pasado, el magistrado ya rechazó esta posibilidad cuando fue la acusación popular que ejerce Manos Limpias la que se lo pidió, desvinculando a Ruiz-Gallardón de la gestación de ese convenio, por el que la Fdcis percibió de 2007 a 2009 un total de 140.000 euros en diferentes pagos, que según la Fiscalía eran una donación encubierta a cambio de unos trabajos que nunca se realizaron. Además del ministro, Torres ha pedido que testifiquen, entre otros, el ex ministro de Industria José Montilla y el ex secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky. Anticorrupción ya se ha opuesto a la medida solicitada, pero ahora debe ser Castro quien adopte la decisión final al respecto. Por su condición de aforado, Gallardón podría acogerse a su derecho a declarar por escrito, como ya hizo hace unos días el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en esta misma causa.

En todo caso, las fuentes consultadas coinciden en que la investigación debería estar concluida en alrededor de dos meses. Hasta que llegue ese momento, la Infanta seguirá imputada a no ser que su defensa o la Fiscalía soliciten al juez el sobreseimiento de las actuaciones respecto a la hija del Rey. En ocasiones similares, Castro ha rechazado la medida (con contadísimas excepciones) remitiéndose al final de la instrucción, cuando a través de una resolución debe transformar las diligencias en procedimiento abreviado, un paso equivalente al auto de procesamiento. En ese escrito, que pone el punto y final a la instrucción, el magistrado tiene que delimitar los hechos delictivos, sus responsables y calificarlos penalmente. Esa decisión es recurrible por las partes, que una vez que adquiera firmeza tendrán que presentar sus escritos de acusación y de defensa, también ante Castro, que posteriormente remitirá a la Sala la causa para que el tribunal abra juicio oral y señale la fecha de la vista.

Conocida la opinión de Castro, no parece previsible que los abogados de la Infanta se arriesguen, antes del cierre de las diligencias, a llevar el asunto hasta la Audiencia de Palma, que podría respaldar al juez ante la inminencia de la conclusión de la instrucción y dejar en sus manos la decisión sobre Doña Cristina y el resto de imputados. Esperar, por tanto, parece la consigna una vez pasado el mal trago de la declaración.

La Fiscalía tampoco parece dispuesta a mover ficha, consciente de que la declaración de los peritos de Hacienda que exculparon a la Infanta juega a su favor a la hora de tumbar la imputación por delito fiscal y, consecuentemente, la de blanqueo. El fiscal Pedro Horrach podría esperar a conocer ese auto decisivo del juez Castro y recurrirlo, llegado el caso, si la Infanta continúa en la nómina de imputados. Pero, quizás, ni siquiera tendría que esperar tanto. Según apuntan fuentes jurídicas, «lo normal sería que, antes de dictar el auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez dé traslado al fiscal para que se pronuncie al respecto», aunque no es obligatorio que lo haga. En ese momento, la Fiscalía podría solicitar ya el archivo de las actuaciones respecto a la Infanta.

Si Castro sigue adelante con la imputación y alguna de las acusaciones defiende que la hija del Rey se siente en el banquillo (sólo Manos Limpias y, ahora, la asociación de Julio Anguita defienden abiertamente esa posibilidad) la suerte de Doña Cristina estará finalmente en manos de la Audiencia Provincial de Palma.