La trama de corrupción de los ERE suma ya 116 imputados

La jueza Alaya implica a otras 23 personas en una causa que ya acumula más que el «caso Malaya»

Alaya, a su llegada a los juzgados del Prado en Sevilla
Alaya, a su llegada a los juzgados del Prado en Sevilla

Antes de marcharse de vacaciones, la juez Mercedes Alaya dictó un auto, hecho público ayer, en el que implica a 23 personas más en la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta de Andalucía. Entre los nombres más destacados, figuran dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, Javier y Pablo, por los ERE derivados de varias empresas del grupo Rumasa.

Fuentes judiciales detallaron a Efe que, en un auto fechado el 31 de julio, la instructora imputó a intrusos y empresarios citados en seis informes de seguimiento realizados por la Guardia Civil sobre las ayudas irregulares concedidas por la Junta. Con esta nueva lista, se elevan a 116 el número de personas acusadas, entre ellas una treintena de altos cargos o ex altos cargos del Gobierno andaluz, mediadores, abogados e «intrusos» que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias.

Catorce empresas

El señalamiento de Javier y Pablo Ruiz-Mateos tiene su origen en las subvenciones por las ayudas al hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga). Además han sido imputadas personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Obejuna de Córdoba y las empresas sevillanas SOS Cuétara, Saldauto e Intersur, citados en un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado en diciembre de 2012. Junto a ellos, han sido imputadas personas vinculadas al ERE de la empresa Cespa y beneficiarios de las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) de Jaén, Hitemasa de Málaga, la granadina Dhul, Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Ssmec) y Cenforpre, vinculada al ex futbolista Pizzo Gómez, ya imputado.

El sindicalista y «conseguidor» Juan Lanzas –encarcelado desde marzo pasado– intervino en los ERE de cuatro empresas del grupo Rumasa en Andalucía. En junio de 2012, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró que Lanzas cobraba 600.000 euros por cada expediente y pedía recibir sus emolumentos en «dinero B, en sobres semanales de 20.000 ó 25.000 euros, siempre en billetes de 500».

Según declaró a la UCO el ex abogado de la familia Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos, el «conseguidor» intervino en los ERE de cuatro empresas del grupo en Andalucía –hotel Cervantes, dos en Garvey, Zoilo Ruiz Mateos y Dhul de Granada– por los que le debían tres millones de euros, de los que cobró la mitad. Los sobres los recogía personalmente Lanzas o su compañera, según el abogado, quien aseguró a la Guardia Civil que, junto a estos pagos, el sindicalista «pasaba desde cinco o seis años sus vacaciones de agosto en el hotel Cervantes» de Torremolinos (Málaga) «de forma gratuita». Según el abogado, fue el propio Ruiz Mateos quien presentó a Lanzas como «conseguidor» al dueño de Aglomerados Morell y a la propietaria del restaurante Río Grande de Sevilla, que están imputados en la causa por los intrusos aparecidos en los ERE de sus empresas.

Tras conocerse esta nueva decisión judicial, el PP –que admitió haberse enterado por la prensa, ya que como acusación no le ha sido notificado el auto–, su portavoz en la comisión de Justicia del Parlamento, Juan Ramón Ferreira, volvió a reclamar al consejero de Justicia, Emilio de Llera, que «deje de acosar» a la juez y se centre en solucionar los numerosos problemas de infraestructuras judiciales.

Por su parte, el secretario de Política municipal del PSOE-A, Francisco Conejo, reaccionó como lo viene haciendo su partido en los últimos meses: arremetiendo contra Alaya. De nuevo, y como hicera el pasado lunes, volvió a reclamarle que remita la causa al Tribunal Supremo y agilice el proceso judicial. «Esperamos que Alaya no siga mareando la perdiz y actúe con diligencia para que esto pueda solucionarse», lanzó el dirigente socialista, que limitó lo que denominó «supuestas irregularidades» a «la concesión de algunas ayudas» por parte de la Junta.

Por último, Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, exigió al PSOE que deje de acosar a Alaya y dé explicaciones sobre los ERE irregulares en la Junta de Andalucía, en lugar de «desvirtuar» el proceso «personado como acusación y pagando a su vez a los abogados de algunos imputados».