La UDEF apunta a la falta de control en la concesión de fondos en cursos de formación

El último informe emitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el presunto fraude en los cursos de formación para desempleados alerta de una falta de control previo a la hora de conceder los fondos y posterior en la justificación. La investigación está centrada, de momento, en Málaga y en las 17 de las 20 empresas privadas que en la convocatoria de 2010, por un importe de 1,7 millones de euros, obtuvieron subvenciones públicas. El informe sobre el «caso Edu» no sólo habla de «inexistencia de controles», sino que apunta también a una falta de concurrencia competitiva a la hora de conceder los cursos y alerta de posibles tratos de favor, aludiendo a que podría haber existido tráfico de influencias. El exhaustivo informe elaborado tras la alerta de la Seguridad Social al detectar irregularidades, cuenta con declaraciones de alumnos y tutores y será estudiado en los próximos días para determinar si el caso tiene relevancia penal y debe ser judicializado.

Así, la UDEF confirma las sospechas de falta de captación de algunas de las empresas a las que se les concedieron fondos por convenio, un supuesto incumplimiento de contratación del 60% a los desempleados tras finalizar el periodo formativo, posibles irregularidades en los partes de asistencia y la insuficiente documentación que las empresas beneficiadas presentaron para obtener el 25% de la subvención final (el 75 se concedía por anticipado).

La Fiscalía Anticorrupción de Málaga lleva un año investigando el supuesto fraude, pero fue hace un mes cuando, paralelamente, la Fiscalía Superior de Andalucía emitió un decreto firmado por el fiscal superior, García Calderón, que afirmaba que había indicios de delito en el uso de las subvenciones para las personas paradas por parte del Servicio Andaluz de Empleo. El decreto se firmó tras el informe que elaboró la Policía Judicial después de conocer el documento de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas de 798 millones en el periodo 2009/2010. La Cámara detectó irregularidades, entre las que se encuentra la concesión de ayudas injustificadas por casi 49 millones de euros.