Las penas por corrupción subirán de media un grado

El Consejo de Ministros estudiará hoy el informe sobre el plan de choque contra la corrupción que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último Debate del Estado de la Nación, el pasado mes de febrero, y que volvió a comprometer en el Pleno extraordinario del verano con motivo del «caso Bárcenas».

El documento que esta mañana será abordado en el Consejo de Ministros recoge las líneas generales del nuevo paquete normativo con el que el Gobierno quiere endurecer los controles de la financiación de los partidos y de los cargos públicos y la respuesta política y penal a los casos de corrupción. El Gobierno proyectó esta iniciativa como un mecanismo de defensa para contrarrestar la presión por el «caso Bárcenas» justo cuando se conoció parte de la fortuna que el ex tesorero acumulaba en el extranjero.

Para facilitar el acuerdo con la oposición, Moncloa ha decidido dejar margen para concretar las seis reformas legales en la negociación que abrirá en una mesa de trabajo en la que también participarán Vicepresidencia y los otros ministerios afectados. No obstante, en sus planes entra, por ejemplo, la propuesta de agravar de media un grado todas las penas por delitos vinculados a la corrupción. De esta manera, al haber más pena, mayor será al mismo tiempo el plazo de prescripción de los delitos.

Entre las novedades sobre las que ha estado trabajando el Gobierno está también endurecer la respuesta contra la financiación ilegal de los partidos, tipificándola como delito dentro de la reforma del Código Penal. Hasta ahora la financiación ilegal sólo suponía, en el caso de que pudiera llegar a ser probada, una sanción económica de poca entidad porque está considerada como una infracción administrativa. Y por medio entra siempre en juego el delito de cohecho, uno de los más fáciles de explicar pero más difíciles de probar jurídicamente. Sí es un delito pagar a cambio de favorecimientos en la contratación de servicios públicos.

En el nuevo paquete normativo entra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, en la que se amplía la fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos de los partidos y de sus fundaciones; y la de la Ley de Contratos del Sector Público.

También una nueva Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que, entre otras actuaciones, regulará la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos y su comparecencia anual ante el Congreso. Además de los procedimientos de contratación, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.

Mediante una Ley Reguladora de las Funciones Políticas se fijarán las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado; se regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades; y se les impondrá la realización de auditorías.

En cuanto a la reforma del Código Penal, el Gobierno elimina trabas a la aplicación del citado delito de cohecho para facilitar su prueba. Para castigarlo bastará con demostrar la recepción del soborno y no hará falta acreditar la conexión entre ese pago y el acto realizado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones.

El nuevo texto sancionará, asimismo, la contratación de servicios por un precio exagerado y la ocultación de fondos si se desvían parte de los fondos administrados y se colocan fuera del control de su propietario. Así, dentro de la malversación de caudales públicos se incluye en el supuesto más grave la celebración de contratos sin contraprestación, la creación de fondos ocultos de efectivo sustraído del control de la Administración y las contrataciones a precios superiores a los reales.