Las víctimas piden una reunión a Sánchez sobre los presos de ETA

Urkullu plantea negociar la gestión de la Seguridad Social pero el Gobierno desmiente que esté sobre la mesa

Urkullu plantea negociar la gestión de la Seguridad Social pero el Gobierno desmiente que esté sobre la mesa.

Los pasos que sigue la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez son vistos por las víctimas del terrorismo con «preocupación». Por ello, algunas de las asociaciones piden una reunión con el presidente del Gobierno, encuentro que asociaciones como la AVT ya habían solicitado con anterioridad a la reunión de ayer, aunque por el momento no han recibido respuesta.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, destaca que ya trasladaron el pasado viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el «error» que supone cualquier cambio que traiga consigo una concesión a ETA por dejar la violencia, lo que sería interpretado «como una victoria». Araluce destaca que Marlaska les prometió que no habrá acercamientos y le pidieron que si eso ocurre siempre sea dentro de la legalidad. «Vamos a esperar a ver qué ocurre, porque cada uno dice una cosa diferente. Para la AVT no existe arrepentimiento si no hay colaboración con la justicia» para esclarecer los crímenes sin resolver.

Por su parte, el presidente de ACVOT, José Vargas, aseguró que quiere una reunión con Pedro Sanchez «para que nos explique lo del acercamiento de los presos, porque del acercamiento de los fallecidos nadie habla». Asegura que quieren saber «los tejemanejes que se llevan con los recogedores de los beneficios de los asesinatos de ETA».

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, aseguró que no se puede acercar a los presos «sin esclarecer los 379 asesinatos sin resolver. El sufrimiento de las víctimas nunca puede salirle gratuito a un Gobierno débil contra el terrorismo de ETA. Inundaremos las calles contra un Gobierno insensible como ya hicimos en 2005», destaca. «Ya le advertimos a Marlaska». Desde Covite, Consuelo Ordóñez recuerda que los últimos gobiernos del PSOE y del PP establecieron las condiciones para que los presos de ETA cumplan condena en prisiones por lo que Covite defiende que haya una condición fundamental para ese acercamiento: «El repudio a ETA, que debe ser individual, en ningún caso colectivo, y claro». Ordóñez destaca que «si se transfieren esta competencia se estarían transfiriendo los derechos de las víctimas a los nacionalistas».

Esta preocupación entre las víctimas de ETA se disparó ayer tras la reunión que Sánchez mantuvo con el presidente vasco, Íñigo Urkullu, en La Moncloa. El lendakari, que calificó el encuentro como «cordial y positivo», avanzó la creación de un grupo de trabajo entre los ejecutivos español y vasco que estudie las vías para llevar a cabo un acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Urkullu defiende esta modificación en la política penitenciaria como un elemento de «normalización», desde el cumplimiento de la legislación, al entender que los etarras en prisión tendrían en su comunidad un mayor arraigo, sus familias no se verían castigadas por la dispersión y así también se atendería al objetivo de reinserción que tienen las penas privativas de libertad.

No hay, de momento, ningún calendario sobre la mesa respecto al acercamiento de presos. Urkullu reveló en la rueda de prensa en Moncloa posterior a la reunión que Sánchez contempla esta cuestión con «cautelas», vinculadas fundamentalmente con la forma en la que esta reorientación de la política penitenciaria puede afectar a la memoria de las víctimas. El lendakari reconoció entender las «cautelas» de Sánchez.

La que aborde el posible acercamiento de los presos no será la única materia sobre la que traten de avanzar los gobiernos de Sánchez y Urkullu en los próximos meses. Varias comisiones bilaterales se encargarán de estudiar las 37 competencias que están aún pendientes de transferir al Ejecutivo que Urkullu preside en coalición con los socialistas vascos. Dentro de esas competencias, algunas podrán concretarse en a corto plazo como las relativas a dos líneas de ferrocarril, a algunas autovías y al puerto de Pasaia. Otras necesitarán un mayor estudio, aunque Urkullu las calificó como «prioritarias», como las prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social. Respecto a esta última cuestión, desde el Ministerio de Trabajo negaron que esté actualmente encima de la mesa y que fuera objeto de discusión en la reunión de ayer entre la ministra y la consejera vasca del ramo. Lo que sí se constituirá es un grupo de trabajo para que Moncloa estudie la retirada de los recursos que Rajoy presentó ante el Constitucional.