Lesmes «saca» los jueces de Barcelona

Por primera vez la entrega de despachos se traslada a Madrid ante la tensión por el jucio al «procés» y el temor a disturbios en las calles l La Casa Real y los vocales del CGPJ apoyaban que se mantuviese el acto en la Ciudad Condal.

El próximo ocho de enero se producirá la entrega de despachos a la nueva promoción de la Carrera Judicial, que tendrá lugar en la sede de la Real Academia Española (RAE). El acto será presidido por el Rey y también intervendrán en el mismo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez. En un principio, todo puede encuadrarse dentro de las más absoluta normalidad. Eso sería así, pero hay dos hechos que hacen que este acto sea un tanto «especial». En primer lugar, porque desde que la Escuela Judicial está radicada en Barcelona siempre se ha celebrado ese acto en la Ciudad Condal, y, en segundo lugar, por las «circunstancias especiales» que rodean este acto solemne de la Carrera Judicial y que han influido notablemente que se haya optado por trasladarlo a Madrid.

El motivo oficial de se lleve a cabo en la RAE es la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, que supuso la creación del CGPJ, y del 25 aniversario de la aprobación de la Ley que atribuyó al Consejo General del Poder Judicial la competencia en materia de selección y formación de jueces y magistrados. Las primeras promociones de jueces que se formaron bajo esa norma recibieron sus despachos en la capital de España, ya que hasta 1997 no se inauguró la Escuela Judicial de Barcelona.

Sin embargo, fuentes jurídicas indicaron a este periódico que las razones de fondo que han tenido una importancia más que relevante para este cambio de sede en la entrega de despacho a los nuevos jueces. De hecho, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su opinión de manera «informal» a muchos vocales, quienes vinieron a coincidir en que se debía mantener a Barcelona como la ciudad donde se entregaran los despachos. Por tanto, los integrantes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados no apoyaban un cambio de sede. «Fue algo rotundo, no se quería cambiar», afirmaron al respecto las fuentes consultadas. Pero, además, la Casa Real, según las mismas fuentes, tampoco se mostró muy partidaria de trasladar a Madrid un acto en el que Felipe VI tiene un especial protagonismo y su presencia es más que valorada por todo lo que significa de apoyo de la Corona a los jueces y a los que éstos representan; y, de esa forma, respaldaba que se continuase con la Ciudad Condal como lugar de entrega de los despachos.

Pese a todo ello, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo consideró que Barcelona no era la ciudad más idónea este año para tal conmemoración, y así informó de esa decisión en el último Pleno que celebró el órgano de Gobierno de los jueces y magistrados, la semana pasada, por lo que el acto tendría lugar finalmente en Madrid.

En esta decisión ha podido influir el «ambiente que se vive» en estos momentos en Cataluña, con todo lo relacionado con el «procés» y de cómo ello podría influir en garantizar la seguridad de todos los asistentes al acto, al que han sido invitados todos los vocales que han formado parte de los distintos CGPJ que no han fallecido, e igual respecto a los presidentes.

«El motivo es la celebración del 40 aniversario de la Constitución, pero no podemos olvidar que concurren también problemas de seguridad», afirmaron al respecto. En este sentido, recordaron cómo el año pasado los asistentes llegaron a estar «encapsulados» para evitar cualquier acto contra su seguridad y de cómo incluso una cena que estaba previsto celebrar fuera del hotel donde se hospedaban se tuvo que organizar en el comedor de ese alojamiento.

Y, junto a ello, otro de las argumentos que igualmente ha podido influir, y que está directamente relacionado con lo anterior, es la proximidad del inicio del juicio del «procés» en el Tribunal Supremo, que está previsto, en principio, para la tercera o cuarta semana de enero, es decir, apenas 15 días después de la entrega de despacho. La presencia de altos cargos del Poder Judicial, contra quienes han arremetido los partidos independentistas catalanes, podría dar lugar a que los violentos se lanzaran a calle: «No iban a permanecer en sus casas, eso seguro». Y, se pone como ejemplo, lo sucedido recientemente con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, donde se tuvieron que adoptar unas extraordinarias medidas de seguridad, que, en todo caso, no evitaron agresiones y detenidos.

El ejemplo de Llarena

La situación de los jueces en Cataluña no atraviesa, precisamente, por su mejor momento. La Judicatura está sufriendo el acoso de los independentistas en un nivel tal que el número de magistrados que han solicitado el traslado a otras comunidades autónomas se ha disparado en los últimos años. En el año que ahora acaba, 48 magistrados se han marchado de Cataluña, el doble que los que lo hicieron en 2017.

Uno de los ejemplos más claros y que escenifica el acoso a los jueces es el del magistrado Pablo Llarena, instructor del «procés», quien ha sido expresamente «marcado» por los radicales independentistas. Así, su casa ha sido atacada en dos ocasiones, ha sido víctima de amenazas e incluso fue objeto de un escrache cuando cenaba este verano en compañía de su mujer y amigos.