La letrada del Parlamento de Navarra da vía libre a la tramitación proposiciones de UPN para que los condenados por terrorismo no trabajen en centros educativos

La letrada mayor del Parlamento de Navarra, Silvia Doménech, “no ha visto ni un solo vicio de inconstitucionalidad” en sendas proposiciones de ley presentadas por UPN para modificar el Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones y la ley foral de Subvenciones con el objetivo de evitar, por un lado, que en el futuro personas condenadas por terrorismo puedan ejercer la docencia en Navarra o trabajen para la administración y, por otro, que no se pueda subvencionar a entidades o personas que les contraten o subcontraten para realizar proyectos o actividades con ellos de manera continuada.

Marta Álvarez, de UPN, también ha subrayado que el informe de la letrada mayor concluye que la Mesa del Parlamento no podía paralizar, como pretendían PSN,Bildu y Geroa Bai, las proposiciones de ley presentadas

por el grupo regionalista como, sin embargo, hizo: “Podía haber pedido informes, pero nunca paralizar las proposiciones de Ley, que se debían y se deben tramitar de forma inmediata y ser debatidas en el Pleno porque

se está vulnerando nuestro derecho de participación política”. “Es más la letrada concluye que, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, la decisión de la Mesa es inconstitucional por vulnerar el artículo 23 de la Constitución” ha añadido.

Por otro lado, pese a que a la letrada mayor solo se le había encargado que informara sobre la adecuación de las proposiciones de ley al artículo 25 de la Constitución, Doménech decidió analizar también los aspectos que, en su opinión, podrían dar problemas en la aplicación de ambas proposiciones, en caso de aprobarse, aunque,

como se ha dicho, reconoce que ambas son perfectamente constitucionales. Así, en su informe Silvia Doménech cuestiona que ambas proposiciones de ley puedan conseguir los objetivos que persiguen.

Álvarez ha rebatido punto por punto todas sus afirmaciones. En el caso de la proposición para modificar la Ley Foral de Subvenciones, la parlamentaria regionalista ha mostrado su sorpresa porque la letrada mayor confunda las subvenciones con los conciertos educativos, y ha asegurado que “en ningún momento” se ha planteado por parte de UPN que se pretenda aplicar a conciertos educativos “porque todos sabemos que no son subvenciones y que se regulan por una normativa propia que no hemos intentado modificar, sobre todo porque no tenemos competencia para hacerlo”.

En cuanto al otro aspecto que a Doménech le plantea problemas en la aplicación, la falta de concreción, Álvarez ha explicado que los textos propuestos por UPN definen los puestos de trabajo que pueden resultar afectados “exactamente de la misma manera” que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para las personas que vayan a trabajar con menores y hayan sido condenados por agresión sexual. “La concreción de los puestos, como ocurre en el caso de la Ley Orgánica mencionada, debe hacerse puesto por puesto en función del criterio de que tengan relación directa con menores, precisamente para evitar que se aplique de forma indiscriminada, lo que, entonces sí, la convertiría en inconstitucional”, ha explicado. “Nuestra propuesta no crea inseguridad jurídica, sino todo lo contrario”, ha asegurado.