Libertad para el único imputado en la operación Pokemon que estaba en prisión

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, la Audiencia Provincial de Lugo le impuso a Fernández Liñares, que ya ha sido puesto en libertad, la obligación de comparecer diariamente en sede judicial, así como aquellas medidas cautelares que estime convenientes el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, encargado de la causa.

La resolución de la Audiencia Provincial de Lugo es el resultado de un recurso de apelación presentado por la defensa de Fernández Liñares, después de que la jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, denegase hasta en dos ocasiones su excarcelación.

Ese recurso de apelación, formulado después de que la jueza instructora denegase por segunda vez la petición de excarcelación que presentó la defensa, fue remitido a finales de la pasada semana por parte del propio Juzgado de Instrucción a la Audiencia, que resolvió la puesta en libertad de Fernández Liñares en apenas unos días.

En un auto que fue comunicado el pasado 21 de diciembre, la instructora aclaraba que la decisión de mantener a Fernández Liñares en prisión se tomó, de acuerdo con el propio Ministerio Fiscal, en base a la gravedad de los hechos que se le imputan, así como en la necesidad de practicar en la causa nuevas diligencias que podrían verse afectadas por la libertad del imputado.

La jueza De Lara ya había denegado a principios de ese mismo mes otra petición de excarcelación formulada por la defensa de Liñares.

El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, por la jueza instructora de la Operación Pokemon el pasado 24 de septiembre, después de su detención por parte de agentes de Vigilancia Aduanera y de prestar declaración durante más de diez horas en sede judicial.

La instructora le imputa delitos como prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en una trama para la adjudicación de concesiones públicas a base de sobornos.

Hasta ahora, era el único de los tres imputados que la jueza De Lara envió a prisión que todavía continuaba en la cárcel, dado que tanto el gerente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, como el responsable del sistema de aparcamiento ORA en Lugo, Javier Reguera, quedaron en libertad hace semanas.

Ambos presentaron también recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo, que estimó la petición de excarcelación de sus respectivas defensas. Gervasio Rolando Rodríguez tuvo que abonar una fianza de 80.000 euros para dejar la prisión y Javier Reguera otra de 40.000 euros.

Además, ambos quedaron sujetos a medidas cautelares, dado que se les retuvo el pasaporte y tienen la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

Actualmente, el número de imputados en la Operación Pokemon, que investiga la existencia de una supuesta trama para obtener concesiones y contratos públicos mediante sobornos, ya supera la treintena.

Entre ellos figuran el alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSdeG), el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez, también socialista, que dejó el cargo tras su imputación, y el de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PPdeG)