López defiende el derecho a informar lejos de juicios paralelos

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique López denunció ayer en la Universidad de Verano de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) que en los últimos años se han producido «patéticos espectáculos judiciales» en los que, por ejemplo, se presenta a personas que no han sido imputadas como tales o se determinan previas condenas. La cuestión que subyace detrás, a su juicio, es la conciliación de derechos como la presunción de inocencia, el proceso justo y debido con todas las garantías, el derecho al honor, la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a la información.

En este sentido, recordó que la publicidad de la actuación judicial es «esencial» en el Estado liberal, pero destacó que eso no implica que el derecho a la información sea «absoluto».

El gran problema, de acuerdo con López, es que muchos medios de comunicación mezclan información y opinión a la hora de tratar los procesos judiciales y se pasa de una a otra «sin solución de continuidad», lo que acaba influyendo en las investigaciones, los jueces, y los jurados y, en general, en la propia «credibilidad de la Justicia». Por ello, no dudó en recalcar lo «negativo» y perjudicial de los juicios paralelos.

«Se generan expectativas que luego sabemos que no van a poderse ver consumadas y van a generar perplejidad, frustración y una mala imagen de la Justicia», añadió.

En línea con esta idea, el magistrado del Constitucional hizo hincapié en que de esta forma también quiebra la presunción de inocencia que, en su opinión, es «como un carné por puntos» en el que no se pierden todos los puntos hasta que se recurre la sentencia condenatoria de primera instancia y, al no estimarse el recurso, ésta deviene firme.

Informar con «rigor»

Esto no quiere decir que no se pueda informar sobre lo que ocurre en un proceso, sino que hay que «hacerlo con rigor, con objetividad y con profesionalidad» y respetando los derechos fundamentales de las personas que se ven inmersas en ellos, argumentó López.

De hecho, durante su intervención apostó por abrir un debate sobre cómo proteger estos derechos. En su opinión, periodistas, juristas, jueces, fiscales, etc. deberían debatir si adoptar el modelo alemán y austriaco, que condena a aquella persona o medio de comunicación que hace pública una información obtenida de forma ilegal y que está amparada por el secreto de sumario; el modelo francés, que es «muy parecido» al que incluye el proyecto de Código Procesal Penal y permite a juez y fiscal prohibir la difusión de determinados datos; o el modelo de no regulación, que confía en la buena fe del medio.

El debate final «deberá ser parlamentario» para, de esta manera, intentar «plasmar en leyes esas fronteras difusas entre derechos que colisionan», destacó.