Los alcaldes de los pueblos de menos de mil habitantes sí cobrarán por trabajo parcial

Hacienda negocia a marchas forzadas la reforma local, pero esto no quiere decir que el proyecto vaya a volver al Consejo de Ministros de manera innmediata. Está descartado por lo menos en las dos próximas semanas. Además, el Ejecutivo ya da por hecho que el texto superará este trámite con flecos pendientes y, por ello, adelanta que dejará margen a la negociación parlamentaria para incorporar enmiendas y reforzar de esa manera el acuerdo.

Ayer Hacienda se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), y con otros dirigentes populares y representantes de Génova, como el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, para unificar posiciones ante la convocatoria de hoy de la Comisión Nacional de Reforma Local. Todas las energías están puestas en intentar conseguir el apoyo municipal, muy resistente al proyecto, y para eso se han hecho nuevas modulaciones en el texto dirigidas a limar suspicacias y a conseguir que traguen con el sapo de que las comunidades dilaten el pago de todas las competencias que les corresponden. Batalla que viene de largo y que aún sigue abierta. De hecho, la reunión de ayer se inició con la discusión sobre la financiación de la Educación abierta en canal. La reforma local establece que las autonomías tienen que asumir los servicios sociales, la Educación y la Sanidad. La Educación es la más costosa y por eso hasta ayer aún no habían podido acordar ni el plazo de transición para que las comunidades carguen con el pago de estos servicios ni tampoco la posible compensación en el sistema de financiación. Entre los últimos retoques está la decisión de permitir que los alcaldes y los concejales de pueblos de menos de 1.000 habitantes sí puedan cobrar una cantidad pequeña por dedicación media, sin exigirles dedicación exclusiva, como al resto. Esta reforma ha sido ya corregida en varias ocasiones dentro de un larguísimo proceso de negociación que comenzó en julio del año pasado. En febrero, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó que entre los capítulos ya definidos estaba el que afectaba a los nuevos sueldos municipales. Con dedicación exclusiva, los alcaldes de las poblaciones más grandes no podrán cobrar más que un secretario de Estado. Entre 500.000 y 300.000 habitantes, el tope son 90.000 euros; y entre 300.000 y 150.000, no más de 80.000. Ya para los de 20.000 a 50.000, el tope quedaba en los 65.000 euros. Y en los de mil a dos mil habitantes, el máximo son 20.000 euros. Por debajo de esta población quedaban excluidos de cobrar ningún tipo de retribución. Esto ha sido modulado ante las quejas de muchos alcaldes, muchos del PP. Otro aspecto retocado es el que afecta al poder de los interventores. Las facultades de los Cuerpos Nacionales de Intervención quedarán limitadas al control de la legalidad, como exigía la FEMP. Una cuestión técnica que en la práctica supone aceptar la rebaja de la pretensión inicial de reforzar considerablemente el poder de estos funcionarios para controlar la acción municipal. El resto de grandes ejes se mantiene como a principios de año.