Los barones del PP trasladan a sus cuentas la reforma administrativa

Comunidades del PP empezarán a trasladar ya a sus planes de consolidación fiscal algunas de las medidas que el Gobierno ha incluido en su propuesta de reforma de la Administración Pública. El capítulo en el que hay más concertación es aquel que afecta a la eliminación de duplicidades: en su informe, el Ejecutivo identifica ineficiencias y duplicidades interadministrativas que revierten en un importante coste añadido para las Administraciones autonómicas. Observatorios, órganos consultivos y de fiscalización, defensores del Pueblo, oficinas en el exterior, registros autonómicos, Unidades de Apoyos ante Desastres regionales que han dejado de tener sentido con la Unidad Militar de Emergencia.... Por ministerios, el Gobierno señala una batería de actuaciones en todas las áreas para mejorar la colaboración y la acción conjunta, reduciendo un gasto que se ha demostrado insostenible en estos momentos de crisis.

Y por aquí es por donde van a empezar las regiones populares, según los mensajes que han trasladado a Hacienda y a Moncloa. Algo tan sencillo como dejar de hacer los boletines autonómicos supone un ahorro significativo para las autonomías sin tener que asumir ningún coste ante la opinión pública. Y como este ejemplo hay muchos. Hacienda ha retrasado hasta finales de mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que espera que las regiones hagan ya sus primeros gestos concretos de adhesión a la reforma administrativa. En este CPFF se deberán determinar los objetivos de déficit individuales para cada CC AA en este ejercicio, sobre la base del 1,3% global para la Administración autonómica.

La realidad aprieta, no sólo por los apuros económicos presentes sino porque el Gobierno acaba de anular definitivamente las esperanzas autonómicas de conseguir más dinero con la revisión del sistema de financiación. A puerta cerrada, Montoro ha comunicado a los consejeros del ramo que en esta materia las cosas van despacio, y que lo que salga de esta revisión no será, en ningún caso, un nuevo reparto de dinero, como ha sido hasta ahora lo habitual. Más claro no puede ser, y éste es el textual de las palabras del ministro. «Frente a otro tipo de actualizaciones, de revisiones de la financiación autonómica, en esta ocasión el Estado no puede poner más dinero. Ha sido clásico revisar la financiación poniendo un tanto más –discutible el tanto más o menos–, pero ahora ésa no es la cuestión, ahora las cartas están muy distribuidas», sentenció.

Montoro intenta rebajar la presión autonómica, en algunos casos ya muy intensa, para que se modifique con diligencia el sistema de financiación pactado por el Gobierno de Zapatero con el tripartito catalán, que presidía el socialista Montilla. Vistos sus resultados, ahora el rechazo es casi unánime. Y el ministro se protege con la advertencia previa de que lo que hasta ahora se ha hecho ya no va a volver, y que todas, también Cataluña o Andalucía, las más críticas, deben entender que «es el momento de hacer un diseño más frío» porque «aquí no hay expectativas de reparto, de cómo nos repartimos el más, el plus». «En este caso no es así; en este caso es cómo nos repartimos equitativamente la financiación de los servicios públicos que tenemos en España y materializados a las comunidades autónomas». Esta advertencia adquiere especial relevancia si se enfrenta al discurso reivindicativo que llega desde la Generalitat de Cataluña. Quiere más dinero, por supuesto, y un trato especial, lo que han llamado el «pacto fiscal», que no es sino copiar la fórmula privilegiada del concierto vasco.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y el control extraordinario que sobre los planes de consolidación fiscal regionales establece el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) permiten al Gobierno tener una fiscalización al detalle del gasto territorial. Con esta radiografía en la mano, su posición la fijará sobre la base de un coste estándar en la prestación de los servicios públicos que aplicará a todas las comunidades.

A puerta cerrada, en la penúltima reunión del CPFF, de finales de marzo, el ministro también reconoció a los consejeros autonómicos que el Gobierno es consciente de que tiene cuestiones pendientes con las Haciendas forales «relativas a la negociación y a la actualización del cupo» y que su intención es afrontarlas. Esta nueva revisión de la financiación dependerá del nuevo modelo fiscal integral que también han anunciado, y de partida se basan en la teoría de que quieren que los principios de suficiencia sean coincidentes con los de solidaridad. La pregunta que se hacen todos es ¿cuándo estará listo el nuevo modelo? El grupo de trabajo empieza a rodar, sí, pero el Gobierno prevé que no haya nada concreto hasta 2015.