Los inspectores de Hacienda exoneran a la Infanta y defienden su investigación

Durante más de cinco horas, los tres inspectores de Hacienda que concluyeron en sus informes la imposibilidad de imputar la comisión de un delito fiscal a la Infanta Cristina reafirmaron ayer al juez José Castro que no han encontrado a lo largo de su investigación ni un solo indicio para atribuirle una actuación delictiva.

Durante más de cinco horas, los tres inspectores de Hacienda que concluyeron en sus informes la imposibilidad de imputar la comisión de un delito fiscal a la Infanta Cristina reafirmaron ayer al juez José Castro que no han encontrado a lo largo de su investigación ni un solo indicio para atribuirle una actuación delictiva. Al mismo tiempo, coincidieron en negar rotundamente que hayan recibido presiones al investigar a la hija del Rey, asegurando que han podido trabajar «con absoluta libertad». Tras las comparecencias de estos peritos y cuando faltan menos de dos semanas para que Doña Cristina declare como imputada por delito fiscal y blanqueo, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía Anticorrupción coinciden en señalar que los argumentos esgrimidos para imputarla por delito fiscal en Aizoon, la empresa que comparte al 50% con el duque de Palma, «se han derrumbado».

Dos de los inspectores autores de los informes que exoneran a la Infanta –puestos en duda por el juez instructor– aseguraron al magistrado que por parte de la hija del Rey «no hay delito en Aizoon ni lo puede haber nunca, incluso incluyendo las tres facturas de 69.990 euros» validadas por Hacienda y que Castro sitúa bajo sospecha, aseguraron fuentes jurídicas. «Ellos entienden que Aizoon no existe, pues se trata de una empresa pantalla, pero aunque así se le considerase la cuota defraudada no llegaría a los 120.000 euros». Los dos inspectores «negaron mil veces» cualquier tipo de presión y explicaron que «si las hubieran recibido, las habrían denunciado ante el juez, pues trabajaban bajo su dirección como auxilio de la investigación».

La inspectora de Hacienda que ratificó el informe que, en enero de 2013, exoneró a la Infanta de un posible delito fiscal, reafirmó también ante el juez sus conclusiones y respaldó a sus dos compañeros de la Delegación de la Agencia Tributaria de Barcelona, que tampoco aprecian una actuación defraudatoria. Contrariada por el hecho de que el instructor del «caso Nóos» haya puesto en duda su profesionalidad, sugiriendo un supuesto trato de favor a Doña Cristina, la testigo hizo hincapié en que –desde que, en marzo de 2011, observó los primeros indicios de irregularidades fiscales en el Instituto Nóos y sus empresas satélite, entre ellas Aizoon– «nunca ha recibido ninguna presión ni tuvo ninguna pega para investigar a la Infanta y consultar todos sus datos tributarios», un cometido que realizó «con total libertad», informaron fuentes presentes en la declaración.

Por su parte, la inspectora jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que también compareció ayer como testigo y que ha sido la responsable de la investigación policial del «caso Nóos», y de escudriñar minuciosamente los gastos de Aizoon, aseguró a Castro que a lo largo de sus pesquisas «no ha visto ningún indicio de que la Infanta haya cometido un delito de blanqueo», apuntaron esas mismas fuentes.

La autora del informe tributario del pasado enero –que atribuía a Urdangarín dos delitos fiscales en el IRPF de 2007 y 2008 por facturar a través de Aizoon sus ingresos como consejero de diversas empresas (1,1 millones en esos dos ejercicios)– ha insistido en que «no se puede imputar a una persona jurídica (Aizoon) los ingresos procedentes de uno de los miembros del consejo de administración» (en este caso los de su marido).

Y es que, según fuentes jurídicas, Castro intentó sin éxito que la inspectora corroborase su tesis de que sin Aizoon «no se hubiera podido cometer el delito fiscal»y, dado que según él la empresa se creó con afán defraudatorio, la Infanta sería responsable de esas irregularidades atribuidas al duque de Palma como cooperadora necesaria. La testigo, no obstante, insistió en que «por el solo hecho de ser accionista de una sociedad a ninguna persona se le considera responsable de una supuesta actuación delictiva cometida en su seno si no tiene responsabilidad en la misma ni la nutre de ingresos».

Respecto a las tres facturas de 69.900 euros que Aizoon pagó en 2007 a Inuit, una consultora de Diego Torres, entonces socio del duque de Palma, y que el juez considera fraudulentas pese a que Hacienda las considera deducibles (en caso contrario, mantiene Castro, se habría superado la cuota de 120.000 euros defraudados que marca el delito fiscal), la inspectora se refirió a ellas como una «simulación relativa». A diferencia de lo que sucede con una factura falsa, en este caso «sí hay una salida de dinero, pero que no se corresponde con el concepto reseñado», explicó. El único objetivo, añadió, era el reparto de beneficios entre Torres y Urdangarín.

Cerró las comparecencias un perito de la acusación popular que sí cree que la Infanta cometió delito fiscal. Se presentó como «un mercenario jurídico-tributario» y aunque según algunas fuentes «reconoció que no es posible imputarle un delito fiscal en el Impuesto de Sociedades», la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, negó este extremo e insistió en que el perito, a quien, denunció, se le había «faltado al respeto», sufrió «un hostigamiento» y «ratificó las conclusiones de su informe».

Sin embargo, a preguntas del fiscal Pedro Horrach, una de las inspectoras corroboró que con una de las tesis que defiende este perito (que los servicios de asesoría de Urdangarín se atribuyan a Aizoon), «resulta imposible legalmente atribuir un delito fiscal a la Infanta». Pero, además, en ese caso, al tener que asignar un sueldo al administrador de la sociedad (por imperativo legal) ni Urdangarín ni Torres habrían cometido delito fiscal en el Impuesto de Sociedades, subrayó esa misma inspectora.