Los interventores no ven cohecho en los pagos al PP

A falta de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reciba el informe definitivo de la Intervención General del Estado sobre las supuestas donaciones de empresarios al PP y los contratos públicos adjudicados a esas sociedades, el magistrado ya tiene sobre la mesa un dictamen de este organismo, realizado por encargo de la Fiscalía, en el que «no detecta» conexión alguna «entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones de contratos públicos» de los que se han beneficiado esos empresarios. Con ese informe en la mano, que no aprecia indicios de cohecho ni de ningún otro delito, Anticorrupción se ha opuesto a la pretensión de Izquierda Unida (IU) de ampliar la investigación de la supuesta contabilidad «B» del PP, así como a la imputación de los ex secretarios generales de esta formación Ángel Acebes, Francisco Álvarez- Cascos y quince empresarios, entre ellos el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Éstas son las principales conclusiones del informe del fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral.

DESCARTA QUE EXISTA DELITO CONTABLE

El Ministerio Público niega que el PP haya cometido delito contable, tal como denunciaba IU, por haber, según esta formación, falseado sus cuentas anuales. Romeral se queja de que en la petición de Izquierda Unida «no existe relato fáctico de hechos concretos» y recuerda a los querellantes que el delito contable precisa de una persona jurídica que actúe «de modo permanente en el mercado», una condición, añade, «que no concurre en los partidos políticos, a los que no les son de aplicación los delitos societarios».

NO VE INDICIOS CONTRA ÁLVAREZ-CASCOS

En cuanto a Álvarez-Cascos, a quien IU vinculaba con adjudicaciones presuntamente irregulares a cambio de donaciones y con el cobro de sobresueldos, la Fiscalía afirma que los hechos reseñados «no describen conducta delictiva alguna». Los querellantes hacían referencia en su denuncia a diversas entregas efectuadas al PP, según las anotaciones de Bárcenas, por parte del empresario Alfonso García Pozuelo entre 2000 y 2004, que vinculaban con adjudicaciones de obras a su empresa, Constructora Hispánica. Mientras fue ministro de Fomento, señalaba IU, constructoras beneficiarias de contratos públicos efectuaron al PP donaciones que suman, siempre según los papeles de Bárcenas, 3,8 millones de euros.

Pero, según la Fiscalía Anticorrupción, muchos de los delitos esgrimidos por Izquierda Unida (entre ellos, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias) «carecen de los elementos básicos para tenerlos en consideración». Así, por ejemplo, los pagos que, según los papeles de Bárcenas, se habrían efectuado al ex ministro de Fomento entre los años 1990 y 2004, «aunque resultaren acreditados y no se hubieren declarado a la Hacienda Pública, carecen de relevancia jurídico penal» pues la cuota supuestamente defraudada sería insuficiente para la existencia de delito (120.000 euros).

LAS DONACIONES, SÓLO UNA MULTA

Respecto a las donaciones que habría recibido el PP entre abril de 1994 y septiembre de 1998, de las que se habría encargado, según IU, el propio Álvarez-Cascos, que «recaudaba dinero entre empresarios donantes», el informe fiscal subraya que ninguna sobrepasa los 10 millones de pesetas (60.000 euros). Y, en todo caso, con la ley de financiación de partidos vigente en esa época, de 1987, superar ese tope sólo llevaba aparejada una multa, pero no una sanción de carácter penal.

FALTA DE FIABILIDAD Y RIGOR EN LA DENUNCIA

Por último, respecto a las donaciones que IU relaciona con adjudicaciones públicas, el fiscal deja claro que no se facilita indicio alguno «que eleve la sospecha» a una prueba de la existencia de cohecho o prevaricación. Ese cruce de adjudicaciones con donaciones, «pese a la enumeración de potenciales delitos», adolece, dice, de «falta de fiabilidad y rigor» al estar basado en meras sospechas.

TAMPOCO APRECIA DELITO EN ACEBES

Romeral reproduce idénticos argumentos respecto a Ángel Acebes, en cuya actuación no ve indicios de conducta penal en el rosario de delitos que en la querella se le atribuyen por haberse «beneficiado directa y personalmente», sostiene IU, «de dicho sistema de financiación irregular».