Los juristas buscan encaje para aforamientos y la ley electoral

Expertos aseguran a LA RAZÓN que, para ser efectivas, las propuestas de C’s deben concretarse

Tras más de 252 días de Gobierno en funciones, la segunda reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera avanzó un paso más. El líder de Ciudadanos presentó al líder popular seis condiciones para virar de la abstención ya comprometida en segunda vuelta al «sí» supeditado a un acuerdo de regeneración y contra la corrupción y a que fije una fecha y hora de investidura para sentarse a negociar los temas urgentes como el techo de gasto y los Presupuestos Generales.

Queda aún el formalismo de que la Ejecutiva del PP bendiga la decisión de Rajoy de aceptar las condiciones fijadas por Rivera, unos requisitos que ya algunos dirigentes del PP han tildado de «asumibles». Las condiciones que plantea Ciudadanos ya las firmaron en su día los presidentes autonómicos que consiguieron ser investidos con el apoyo de la formación naranja, e incluso el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando selló su alianza con Rivera en la fallida investidura de la breve legislatura.

Las seis condiciones que imponen desde Ciudadanos, porque «no se fían» del Gobierno de Rajoy, recogen: uno, la expulsión inmediata de cualquier cargo público imputado por corrupción política; dos, eliminar los aforamientos; tres, aprobar una nueva ley electoral (desbloqueo de listas, fin del voto rogado en el extranjero y modificación del peso relativo de cada voto en el reparto de escaños); cuatro, acabar con los indultos por corrupción política; cinco, limitar los mandatos presidenciales a ocho años o dos legislaturas, y seis, crear una comisión parlamentaria para investigar el «caso Bárcenas».

Rivera propone así unas condiciones demasiado genéricas con la intención de que sean aceptadas por los populares, aunque algunas van más allá y requieren de una modificación constitucional y, por tanto, del acuerdo de otros partidos, por lo que la rúbrica del PP no sería suficiente para sacarlas adelante.

Según expertos jurídicos, consultados por LA RAZÓN, algunas de las cuestiones que figuran en esas condiciones, para que pudieran ser efectivas, deberían concretarse más. En algunas especificar, como es el caso de los aforamientos, que no depende del partido que lo rúbrica, sino que se trata de una reforma de la Constitución. Advierten de que el Congreso podría aprobar su modificación en la Carta Magna conforme a los procedimientos establecidos pero, al margen del aforamiento de un diputado nacional, también existen los autonómicos, que son los que contemplan y dependen exclusivamente de dichos parlamentos y, por tanto, de los estatutos de cada comunidad. De manera que el diputado autonómico seguiría aforado. Sirva de ejemplo la querella interpuesta por el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, contra Rajoy por delitos de lesa humanidad por haber suscrito en nombre de España el acuerdo de la Unión Europea con Turquía para la expulsión de los refugiados, un texto aceptado por el resto de mandatarios europeos entre los también estaba el presidente populista griego, Alexis Tsipras. De no existir el aforamiento, podría haber prosperado en el juzgado de Plaza de Castilla y, en tal caso, tendríamos a un presidente del Gobierno imputado.

Otra de las condiciones a la que hace referencia Ciudadanos es la de limitar los mandatos presidenciales a ocho años o dos legislaturas. Según los juristas consultados, esto no se podría legislar sino que se debería hacer según un «pacto de caballeros», a través de la costumbre. La limitación de mandatos, indican los juristas consultados, son propios de sistemas presidencialistas como el de EE UU y no se puede legislar la implantación de la costumbre porque «no tendría sentido». Indican, por tanto, que no se puede limitar las veces en las que un diputado se tiene que presentar y sería más un acuerdo parlamentario que legislativo.

Además, habría que determinar si esto se haría con efecto retroactivo, es decir, si afectaría a partir de Mariano Rajoy o tendría efecto desde el momento en que se firma dicho acuerdo, con lo cual no estaría incluido. «En un sistema parlamentario es muy difícil limitar que sea elegido representante de los ciudadanos sólo dos legislaturas», aseguran. En todo caso, debería especificarse si lo que se tiene que acordar es que no se presente dos veces a una investidura una misma persona para ser elegido presidente, algo que tampoco se ha podido legislar en Reino Unido.

En cuanto a la reforma de la ley electoral que propone C’s al PP, con el fin de que el cómputo de los votos se haga mediante circunscripción única, lo que llaman «un ciudadano un voto», –sistema que debería entonces ser reformado– haría que, según los resultados del 26-J el más beneficiado fuera Ciudadanos. Hecho según el cómputo de 350 diputados y los resultados actuales se llevaría 15 escaños que le restarían al PP, aproximadamente. Según los cálculos, de los 137 que obtuvo el PP, se quedaría en 119, PSOE pasaría de 85 a 81, Podemos de 71 a 76, Ciudadanos de 32 a 47, ERC mantendría sus 9 escaños, CDC bajaría de 8 a 7, PNV bajaría también uno de 5 a 4, EH Bildu mantendría sus dos diputados, CC seguiría con uno y entraría el partido antitaurino PACMA con 4 escaños. Pero C’s en su propuesta del programa electoral apuesta por un método algo más complejo que incluye aumentar el número de parlamentarios de 350 a 400 de manera que los 50 escaños restantes se escogerían en circunscripción única nacional y sobre los restos de los partidos, lo que variaría en el cómputo anterior aunque la formación naranja según este nuevo cómputo seguiría siendo la más beneficiada.

Para que saliera adelante dicha reforma se requiere el acuerdo del resto de partidos que además se ve que quedarían perjudicados. ¿Lo aceptarían? En cuanto a los indultos por casos de corrupción que pide C’s en sus condiciones al Partido Popular es algo que ya no existe. De hecho, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se comprometió en noviembre de 2014 a no conceder indultos a condenados por corrupción y recordó entonces que su Gobierno trabajaría para reformar la ley de derecho de gracia para darle más control y transparencia.