Los Mossos utilizaron los fondos reservados para espiar a periodistas

Adquirieron material no autorizado en el extranjero para labores de control y seguimiento.

Los documentos que los Mossos d’ Esquadra pretendían quemar el 26 de octubre del año pasado, en vísperas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Comunidad Catalana, contienen importantes datos sobre el uso que la Comisaría General de Información (CGI) de dicha policía hacía de los fondos reservados; y del espionaje a periodistas considerados como contrarios al «procés» separatista.

Pago de informadores-confidentes; adquisición de material para que el que no estaban autorizados susceptible de ser usado en labores de espionaje; viajes al extranjero, etcétera.

Entre las personas que fueron sometidas a seguimiento y control están una serie de periodistas cuyo único delito era ajustar sus informaciones a las leyes y la Constitución y, por lo tanto, a la libertad de expresión; y no mantener posiciones separatistas.

Los citados papeles, referidos casi en su totalidad a actuaciones de la CGI, revelan la existencia de un entramado de mando, encabeza por el ex mayor Trapero; los responsables entonces de dicha comisaría, Manel Castellví (del que se dijo que ha pedido el pase a la reserva, aunque este asunto no está muy claro) y Miquel Justo Medrano, que sigue en el Cuerpo; y los mandos provinciales, cuya misión era garantizar que se pudiera celebrar el referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

La Brigada de Información de Cataluña de la Policía Nacional ha entregado ya a la juez Carmen Lamela y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según fuentes próximas a esta institución, el informe definitivo sobre los papeles que los Mossos d’ Esquadra pretendían quemar en vísperas de la aplicación del artículo 155 y que, por lo tanto, el control de la Policía autonómica pasase al Ministerio del Interior.

La causa se mantiene de momento secreta y el informe, muy extenso, está siendo estudiado tanto por la magistrada como por los fiscales encargados del caso ya que los espionajes, control y seguimientos, afectan no sólo a periodistas, sino también a políticos, agentes de las Fuerzas de Seguridad, abogados e incluso dirigentes de los sindicatos de los propios Mossos d’Esquadra. En general, cualquier persona o institución que ajustara sus actuaciones a la legislación vigente y no se apuntara al «procés».

Sociedad Civil Catalana, organizadora de numerosas actos en defensa de la unidad constitucional de España, a los que asistieron cientos de miles de ciudadanos, era uno de los objetivos preferentes del espionaje.

Otras personas investigadas son el presidente del PP catalán, Xavier García-Albiol, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Asimismo, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el abogado y colaborador de LA RAZÓN José María Fuster Fabra.

Por lo que respecta a los periodistas, las citadas fuentes han señalado que, al estar la causa secreta, no procede revelar sus nombres. Al tratarse de un hecho de singular gravedad y un intento de ataque a la libertad de expresión, los informadores podrán ejercitar, como perjudicados, las acciones que estimen oportunas.

El hecho de que el informe policial no se haya trasladado a las partes se debe también a que en ese entramado montado por los responsables de los Mossos puede haber bastantes mandos implicados y hay que estudiar el asunto con todo detenimiento. «Se han focalizado en Trapero todas las responsabilidades y eso parece que no es así», agregaron.

Lo que sí apuntan es que cuando sea levantado el secreto y se conozca su contenido va a suponer un auténtico escándalo.

Dentro de los gastos asignados a los fondos reservados, figuran los referidos viajes al extranjero con el fin de recabar instrucción sobre labores de información y adquirir el citado material que podía ser utilizado en labores de espionaje.Este tipo de aparatos no pueden ser comprados sin más por una policía autónoma u otra entidad sino que deben pasar unos filtros, sobre todo a través de los Ministerio del Interior y de Defensa.

Tal y como adelantó LA RAZÓN en su día, la Consejería de Interior de la Generalitat había contratado la adquisición de numerosas armas de guerra y munición y los citados ministerios, aunque ya se había producido la adjudicación a unos suministradores internacionales, paralizó el asunto, situación en la que se encuentra actualmente.

Trituradoras

La impresión, en todo caso, es que la operación que realizó la Brigada de Información de Cataluña de la Policía Nacional evitó la destrucción de documentación muy valiosa, pero no toda. Esos días las trituradoras y el cambio de discos duros o su destrucción funcionaron a tope.

El espionaje en Cataluña ha sido algo «normal» en los últimos años, cuando el nacionalismo moderado de Convergencia, a raíz de descubrirse los tramas de cobros de comisiones, optó por radicalizar sus posturas hacia un separatismo absoluto. Tenían la ingenua esperanza de que, una vez controlados todos los mecanismos de poder, en especial el de la Justicia, podrían eludir las responsabilidades penales que se cernían sobre ellos.

Como todo asunto de espionaje, los responsables de realizarlo lo llevaron dentro del máximo secreto, hasta el punto de que, al descubrirse la existencia de la Unidad Central de Respuesta Operativa (UCRO), que algunos han denominado «Gestapo catalana», la hicieron «desaparecer» y la cambiaron de nombre. No figura, por supuesto, en el organigrama de los Mossos.

La desaparición (o cambio de nombre) de la UCRO es un tema llevado con tanto secreto como su creación. Tenga la denominación que tenga ahora, su dependencia es de la CGI y es a la que se encargan los trabajos «más reservados». Entre las actividades que se le atribuyen está el control de partidos, sindicatos, empresarios, periodistas, etcétera.