Los presos de ETA inician este mes un goteo de peticiones de traslado

ETA y sus representantes en el «frente de makos» (cárceles), los llamados «aranchas» (por la abogada Arancha Zulueta), prohibieron de forma taxativa el mes de enero del año pasado, que los presos dirigieran a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una instancia en la que se solicitaba su traslado a centros del País Vasco y Navarra. El texto era obra de los «oteguis» o «posibilistas» pero su posición de minoría les hizo perder la discusión interna.

Sin embargo, ahora, según subrayan expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN,y una vez que ETA ha llegado a la firme conclusión de que el Gobierno de Mariano Rajoy jamás va a negociar con la banda sobre las llamadas «consecuencias del conflicto», han optado por apostar un cambio de estrategia. No por las razones que los miembros de la banda aducen de búsqueda de la paz y cosas similares, sino, como es habitual entre los pistoleros cuando las cosas no les van bien, por motivos puramente tácticos y en su propio interés. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de valorar el último comunicado del «colectivo» (EPPK) como un gran paso, cuando detrás no hay nada más que una nueva trampa de ETA.

En la citada instancia, que será similar, aunque no idéntica, a la que presenten a partir de mediador de este mes de enero que viene de forma individualizada pero respondiendo a una estrategia colectiva, se lee, entre otras cosas, «Me encuentro condenado/a en el centro penitenciario de... y mi lugar de residencia está a... kilómetros de este centro penitenciario, llevo además... años preso/a alejado de EuskalHerria, debido a la política de dispersión que contra mi mantiene el Gobierno español».

«Doy por finalizada –agrega el texto– la fase de la actividad armada de acuerdo a la declaración realizada por ETA en octubre de 2011 y me adhiero plenamente a la estrategia política de la izquierda abertzale. Apoyo la declaración de Aiete, así como el acuerdo de Guernica, como referencias principales de cara a la resolución del conflicto y hago míos los compromisos adoptados en dichos acuerdos». Estas afirmaciones eran consideradas a principios de 2013 poco menos que un sacrilegio para los cabecillas de la banda, a los que la firmeza del Gobierno de Rajoy ha hecho cambiar de táctica, que no de fines estratégicos.

«Víctima y dolor»

Asimismo, se indicaba que el «el conflicto ha generado víctimas y dolor en ambas partes, lo cual exige, por ambas partes, un ejercicio de responsabilidad y compromiso cara a un futuro de libertad y paz para EuskalHerria». En este punto, se mantienen más o menos los mismos planteamientos.

Finalmente, aseguraban que no existe «motivo alguno que pueda justificar la política de dispersión a la que llevo sometido/a... años, con el castigo añadido a mis familiares».

A continuación, y en lo que parece va a a ser el eje de las instancias que se presenten a mediados de enero de este año, se hacían una serie de consideraciones sobre los «fundamentos de derecho» que justificaban la petición de traslado. La sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo que ha derogado la «doctrina Parot» ha animado a ETA y su entramado que ahora confía en lograr que alguna instancia judicial española, antes de llegar a las internacionales, les dé la razón sobre la «ilegalidad» de la dispersión.

Desde el entorno de la banda y a título de ejemplo, señalaban que «en el ámbito constitucional, el cumplimiento de las penas privativas de libertad debe estar orientado a la reeducación y a la reinserción social de los penados. Este mandato exige considerar que las personas condenadas a penas privativas de libertad no son seres eliminados de la sociedad – como desde algunas orientaciones ideológicas se mantiene–, sino que son personas que deben continuar formando parte activa de la comunidad social y política». En boca de terroristas de ETA, estas afirmaciones resultan dolorosas para las víctimas y rechazables por la inmensa mayoría de la sociedad, al contemplar como los pistoleros pretendían ir de «constitucionalistas» y se adhieren cuando les interesa a los postulados de la Carta Magna que pisotean de manera habitual. «Los criterios de actuación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en materia de ubicación de penados-lugar de cumplimiento, deben ir encaminados a evitar que el cumplimiento de la condena origine un desarraigo familiar motivado por el alejamiento geográfico entre la cárcel y el domicilio». Frente a los argumentos que defienden los etarras para lograr reagruparse en las cárceles del País Vasco, lo que está claro es que miles de familias han quedado desarraigadas para siempre por la acción asesina de ETA.

Por este motivo, llama especialmente la atención que los terroristas, que con sus atentados han roto tantas familias, hablen ahora, y únicamente para su beneficio, de «la adopción de medidas tendentes a evitar o paliar los efectos que produce sustraer o arrancar a una persona del entorno social del que formaba parte integrante antes de su ingreso en prisión».