Los Pujol, al juez Ruz: «Nos acusan para frenar el soberanismo»

¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Y que sea un Estado asociado a Andorra? Esta guasa que parodia la pregunta que el presidente Artur Mas

¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Y que sea un Estado asociado a Andorra? Esta guasa que parodia la pregunta que el presidente Artur Mas y los nacionalistas quieren plantear el próximo 9 de noviembre, propagada por lo largo y ancho de las redes sociales, fue acuñada por un dirigente de la oposición catalana a finales de julio, cuando saltó el escándalo de la familia Pujol. Sin embargo, la ficción nunca supera a la realidad. La familia Pujol ha centrado en Andorra su teatro de operaciones para poner coto a las investigaciones que se ciernen sobre la familia.

El clan de los Pujol presentará la anunciada querella contra el filtrador de la información fiscal que reveló la existencia de cuentas opacas en el país de los Pirineos, por las que se conocieron movimientos de las cuentas de cinco hijos del ex presidente y de su mujer en Andorra en euros y dólares y que culminaron con ingresos de diferentes importes en las distintas cuentas por un valor de 3,4 millones de euros. Esta querella tiene como objetivo anular las pruebas conseguidas por la filtración. Y sin pruebas no hay caso.

Pero la familia también actuará contra la comisión rogatoria emitida por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Los Pujol, asesorados por el prestigioso penalista Cristobal Martell, presentarán un recurso contra esta comisión rogatoria, según avanzó el «Diario de Andorra». Y lo harán envolviéndose en la bandera catalana, a imagen y semejanza de aquel Jordi Pujol Soley que, desde el balcón de la Generalitat, proclamó a los cuatro vientos en 1984 que la investigación de la Fiscalía sobre Banca Catalana era un ataque contra Cataluña con una frase que ahora resulta paradójica: «El Gobierno central ha hecho una jugada indigna. A partir de ahora cuando alguien hable de ética, de moral o de juego limpio hablaremos nosotros, no ellos». A su derecha, estaba ufana su mujer, Marta Ferrusola.

Como los tiempos han cambiado, ahora la investigación que está realizando la Audiencia Nacional ya no es estrictamente un ataque contra Cataluña sino que es un ataque que pretende debilitar «las filas soberanistas», o sea, que intenta debilitar el proceso a la independencia iniciado por las fuerzas nacionalistas. La rogatoria del juez Ruz pretende conocer los movimientos de dinero de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del presidente catalán, más conocido como Junior, y de su ex pareja Mercè Gironés, que a pesar de la separación sigue ostentando la representación legal en las empresas del primogénito de Pujol.

Según la información conocida sobre este recurso, los abogados de Pujol sustentan su posición en cuatro argumentos: la investigación se inicia por un documento robado –filtrado a la Prensa–; el juez no imputa ningún delito concreto a Jordi Pujol Junior ni a su ex mujer; que el único objetivo del juez Ruz es recabar información de sus actividades en Andorra; y la guinda, la petición de datos tiene una finalidad política para debilitar «las filas soberanistas». El hijo mayor del patriarca tendrá que personarse ante Ruz el 15 de septiembre, al margen del recurso presentado contra la rogatoria.

En la jornada de ayer, el PSOE pidió en el Congreso la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, para saber si alguien de la familia Pujol, incluido el patriarca, se acogió a la amnistía fiscal. Según informaciones publicadas por LA RAZÓN, Josep Pujol y Oleguer Pujol se acogieron pagando ambos alrededor de tres millones de euros. Oleguer Pujol en su regularización con Hacienda no hizo mención alguna a las cuentas de Andorra. Por su parte, Josep Pujol regularizó la venta de su empresa de asesoría Europraxis que durante los gobiernos de su padre asesoraba a empresas en cierre mientras su hermano Oriol Pujol era el secretario general de Industria.

El eurodiputado del PP Esteban González Pons ha sembrado la duda sobre si la evasión de impuestos de Jordi Pujol le afecta sólo a él o también a otros dirigentes de CDC. Pons se ha preguntado si «la mentira es el personaje histórico de Jordi Pujol o afecta a todo el sistema político que él creó y hoy está arrastrando a la sociedad catalana a un verdadero problema que no sabemos cómo se va a resolver» en referencia a la consulta soberanista. Esta insinuación de Pons no es nueva. En Cataluña muchos análisis coinciden en afirmar que la estrategia jurídica de Pujol que hoy se formalizará trata «de proteger a sus hijos, de proteger a dirigentes de CDC y de proteger a los –empresarios– que pagaban las comisiones». En esta línea, otras fuentes apuntan que el «caso Palau» –comisiones pagadas a CDC a través de la entidad cultural que tienen embargada la sede del partido e imputado a su ex tesorero– «no se puede desligar de la fortuna de los Pujol», aunque esta circunstancia todavía no está probada.

Los argumentos de Ruz

- Delito fiscal y blanqueo. El juez de la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 15 de septiembre a Jordi Pujol Jr. y a su esposa, Mercè Gironés, por presunto delito fiscal y blanqueo.

- 32,4 millones. Ruz investiga 118 movimientos de

tráfico de divisas efectuados por Pujol Jr. o sus empresas en ocho años (entre 2004 y 2012) por valor de 32,4 millones de euros.

- Beneficiarios de movimientos. El instructor quiere indagar sobre titulares, apoderados, beneficiarios, tarjetas

bancarias, depósitos, transferencias, cajas

de seguridad o bonos del Tesoro, entre otros.

La Generalitat, guardia de corps de Pujol

Los nacionalistas están preocupados por la dimensión que está teniendo el caso Pujol. Eso parece que es también lo que más le inquieta al Gobierno de la Generalitat, aunque Pujol no es presidente desde hace 11 años. A esto hay que añadir el desasosiego que genera la presencia de cámaras de televisión y periodistas frente a la casa de Queralbs donde veranea la familia. Para minimizar este impacto, el secretario de Comunicación del Gobierno catalán, Josep Martí, ha llamado a varios directores de diferentes medios con la intención de reducir la presión solicitándoles que no se mantengan frente a la vivienda familiar porque no se realizarán declaraciones. Estas llamadas no se han realizado ni a periódicos, ni a televisiones ni a radios de ámbito nacional.