Los que pagan la fiesta

Con la salvedad del primer gobierno de González, desde la transición España endereza su economía y registra periodos de fuerte crecimiento bajo gobiernos de centroderecha. Durante la primera legislatura de Aznar conseguimos contra pronóstico cumplir los objetivos de Maastricht y ser miembro fundador de la eurozona. Cuando el PP ganó las elecciones en 2011, la oposición socialista le reprochó que hiciera alusión a la pésima situación económica que dejó el último gobierno de Zapatero, la llamada «herencia». La herencia recibida fue la peor desde la transición: una tasa de desempleo del 23,9%, un déficit público del 9,6% y una economía en recesión que había perdido la confianza de los inversores y mercados. El último día laborable antes de la victoria por mayoría absoluta del PP la prima de riesgo era de 443 puntos. Los analistas pronosticaron hasta julio de 2012 que España tuviese que sufrir un rescate por parte de la troika, como sucedió con Grecia, Irlanda y Portugal. Entre finales de 2011 y junio de 2018 la sociedad española ha protagonizado –bajo gobiernos del PP– una remontada económica ejemplar. Pedro Sánchez ha heredado un paro oficial del 15% y un déficit presupuestario del 3% a finales de 2017 que cumple las exigencias de la Comisión. La prima de riesgo es de 87 puntos y España paga menos por colocar su deuda que EEUU, el Reino Unido o Canadá. En cada uno de los últimos tres años, el PIB español ha crecido más del 3%, hito sin parangón entre las economías desarrolladas. La previsión para 2018 es de 2,7%, nuevamente superando a las principales economías de la UE. En 2017 nos visitaron 82 millones de turistas, consolidando a España después de siete años de récords consecutivos como la segunda potencia turística mundial, detrás de EEUU en ingresos y de Francia en llegadas. La denostada austeridad y las reformas estructurales acometidas por el PP hasta 2016 fomentaron una modernización de nuestra economía, propiciando aumentos históricos de nuestras exportaciones que se apuntaron incrementos anuales superiores al 10%. A pesar de los ajustes, en 2016 España destinó el 24% de su PIB al gasto social, superior al promedio de la OCDE (21%). La sostenibilidad de nuestro patrón de crecimiento ya se veía amenazada antes del cambio de gobierno por el excesivo incremento del consumo nacional y por la previsible ralentización de la economía internacional. La deuda de los hogares respecto a su renta neta disponible se sitúa en 122%. Los bancos vuelven a prestar créditos para la adquisición de viviendas y vehículos como sucedió antes de 2008. Sánchez debería elevar nuestra productividad, eliminando los festivos locales, luchando contra la economía sumergida y ofreciendo incentivos a empresas de los sectores de la nueva economía. Pero sus primeros anuncios demuestran que mira hacia atrás (memoria histórica) y quiere disminuir los ingresos y aumentar el gasto con medidas populares (disminución de IVA para ciertos productos, aumento pensiones, eliminación de peajes) que a medio plazo deteriorarán nuestra macroeconomía. Unidos Podemos quiere impedir la flexibilidad de las empresas para pactar con sus empleados. La izquierda debería entender que el gasto social y la inversión se garantizan con unas finanzas saneadas, cuando los inversores pagan mínimos históricos por comprar nuestra deuda. El estadista inculca en la ciudadanía que la vida no es una fiesta, porque de lo contrario alguien tiene que pagarla.