Madrigal asegura que los nuevos datos sobre el 9-N acentúan los indicios contra Mas por desobediencia

Defiende la actuación del fiscal en el “caso Nóos” Afirma que la corrupción política atrae a España a grupos de delincuencia organizada y desvela que yihadistas iban a atentar de forma “inmediata” en nuestro país

a fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aseguró ayer que los últimos datos obtenidos en la investigación sobre la consulta del 9-N han avenido a apuntalar los indicios contra Mas y dos de sus ex consejeras, de un delito de desobediencia. Entre esos nuevos indicios aludió al hecho de que un organismo dependiente de la Generalitat hubiese sancionado a los medios de comunicación que no insertaron publicidad de esa consulta, que había sido suspendida por el TC y, a la vez, aludió a los indicios contra el actual portavoz de Democracia y Libertad, Francesc Homs, para que le investigue el Supremo por estos mismos hechos. De esta forma, respondía en la Comisión de Justicia del Congreso a los portavoces de Democracia y Libertad y ERC, quienes criticaron abiertamente la querella y posterior actuación de la Fiscalía en este procedimiento. Al respecto, Madrigal aseguró que la querella fue avalada por el máximo órgano técnico de la Fiscalía General del Estado y que incluso se ofreció a los fiscales de Cataluña que inicialmente discrepaban que se apartaron de ese procedimiento, lo que fue rechazado.

Junto a ello, alertó de la «privatización» de la corrupción, de cómo la «corrupción política y administrativa» sirve para que grupos de delincuencia internacional se aprovechen de esa situación para lograr pingües beneficios económicos y, a la vez, abogó por un Ministerio Fiscal «con un perfil político y mediático más bajo, pero instrumentalmente más fuerte y sólido». En relación con el «caso Nóos», defendió la labor del fiscal Horrach y, frente a algunas críticas, insistió en que en ese procedimiento «no defiende a ningún imputado», en clara referencia a la Infanta Doña Cristina de Borbón. Estas manifestaciones las realizó en el seno de la Comisión de Justicia el Congreso de los Diputados, donde acudió para informar sobre la Memoria de 2015. Uno de los aspectos relevantes de su intervención, al margen de la corrupción, fue el relativo a cada vez mayor problema del terrorismo yihadista, donde se ha constatado por distintas investigaciones y operaciones llevadas a cabo que varios de los últimos detenidos pensaban atentar de forma “inmediata” en España. En 2015, la Audiencia Nacional abrió un total de 179 diligencias relacionadas con el yihadismo –un 69 por ciento más que el año anterior–, y por vez primera las investigaciones por este tipo de terrorismo “superan con creces a las iniciadas en relación con la organización terrorista ETA”. El pasado año se detuvo a un total de 94 personas relacionadas con yihadismo, de un total de 207 vinculadas al terrorismo. En la actualidad hay 98 relacionados con el terrorismo islamista en las cárceles españolas y las 186 investigaciones que lleva a cabo a la Audiencia Nacional sobre este terrorismo afecta a 363 personas.

Corrupción política

En relación con el fenómeno de la corrupción política, Madrigal afirmó que es, “sin duda”, uno de los más graves problemas que afectan a la sociedad actual, “que ataca al sistema económico”, en el que introduce factores de desestabilización como la desconfianza en los operadores y el coste añadido sobre bienes y servicios, y al sistema político, “en el que genera desafección y pretextos para el incumplimiento de las normas o la deslegitimación de las instituciones”.

La investigación de estas causas, señaló la fiscal general del Estado, resulta especialmente difícil y compleja por tres motivos principales: no se producen sólo en el ámbito de la Administración; porque grupos organizados a nivel internacional “se sienten atraídos por la corrupción política o administrativa y buscan sus beneficios con pretensiones lucrativas, dominio de mercados”, etc; y, en tercer lugar, porque la corrupción afecta también al sector privado y ello porque, afirmó, “la tendencia de la Administración a ceder la prestación de servicios públicos a manos privadas favorece la privatización de la corrupción”. Por ello, consideró necesario llevar a cabo una política de prevención, además de la reprensión penal cuando sea necesario, que debe pasar por una “mayor garantía” y control del gasto público en la Administración”, especialmente en los ámbitos autonómicos y locales, que es donde se detecta una mayor corrupción