Mas aprueba una ley exterior para «una Cataluña libre»

Las vacaciones de agosto no han relajado la tensión entre el Gobierno y la Generalitat, que, a medida que se acerca la Diada, va «in crescendo».

Las vacaciones de agosto no han relajado la tensión entre el Gobierno y la Generalitat, que, a medida que se acerca la Diada, va «in crescendo». Al margen de abonar el terreno de cara al 11 de septiembre para que el fervor soberanista se escuche más allá de los Pirineos, en su primer consejo ejecutivo tras el parón estival, el Gobierno de Artur Mas desafió la pretensión del Ministerio de Asuntos Exteriores de vetar los acuerdos internacionales de las comunidades autónomas con una ley que regula la acción exterior catalana.

La Generalitat aprobó ayer la ley catalana de Exteriores para evitar que el Gobierno se entrometa en su estructura diplomática. El consejero de la Presidencia, responsable del departamento de Exteriores de la Generalitat, Francesc Homs, no dudó en explicar que la ley catalana se ha elaborado pensando en «un país que sea libre», en una Cataluña con un Estado propio, «con visión de futuro». Aunque el PP ya ha avanzado que no va a facilitar la celebración de un referéndum, el compromiso de Mas sigue siendo celebrar la consulta soberanista esta legislatura.

Homs describió la ley catalana de exteriores como una «piedra angular» de la segunda legislatura de Mas, con la que la Generalitat quiere ordenar y transformar su actuación en el extranjero, que prestará especial atención a la diplomacia pública.

Antes de irse de vacaciones, Homs ya explicó que la Generalitat ampliará el marco de acción de sus delegaciones exteriores, las llamadas «embajadas catalanas». Los cinco «embajadores» de Mas extenderán su actuación a países próximos a su sede. Desde la delegación de París se actuará en Suiza para estrechar lazos con la Unesco y desde Londres, en Irlanda, para entablar relaciones con el Consejo Nórdico. Mientras que el delegado de Berlín ampliará su radio de intervención a Austria para potenciar la relación con los países del este, y el «embajador» de Nueva York hará lo propio con México y Canadá.

Como novedad, el texto incorpora el concepto de diplomacia pública –en el que se enmarcan las acciones de cualquier agente público o privado que tenga incidencia en la opinión pública exterior– y de diplomacia cultural y económica –orientada a proyectar la industria y la lengua catalana, así como el reconocimiento de Cataluña como destino turístico y de inversión–.

Sin dejar de remar hacia Ítaca, la independencia en el imaginario catalán, la voluntad de la tripulación de Mas es movilizar a todos los catalanes, ya sean empresarios, artistas o científicos, para proyectar Cataluña en el extranjero. La nueva ley, además del Gobierno catalán, identifica al Parlament, administraciones locales, consorcios, fundaciones y otros entes públicos o corporativos como las cámaras de comercio como actores de la acción exterior. Homs defendió que «la ley toca con los pies en el suelo» porque respeta los tratados internacionales y el actual marco estatutario y constitucional. Aunque el texto nace limitado por el marco legal, la Generalitat no esconde que el espíritu de su nueva ley de exteriores es el de un país independiente.

Al anteproyecto de ley de tratados que el Consejo de Ministros debatió el pasado 19 de julio acerca de que el Gobierno tenga la capacidad de vetar acuerdos internacionales de las autonomías, Homs replicó que no es viable. Que los acuerdos internacionales administrativos de las comunidades autónomas no pueden pasar por el control de los ministerios de Asuntos Exteriores y Hacienda y Administraciones Públicas, porque no tiene competencia para ello. El consejero de la Presidencia subrayó que el único que está autorizado a hacer controles del ejercicio de competencias en el Tribunal Constitucional (TC). Por lo tanto, si el Gobierno quiere supervisar la actividad de las comunidades autónomas, «que reforme la Constitución», espetó Homs.

Precisamente, el Ejecutivo se ampara en que hay que reformar la Constitución para declinar la convocatoria de la consulta soberanista que reclama Mas.