Más de 2,5 millones de sentencias esperan su cumplimiento

Las cifras no engañan. Los casi nueve millones de asuntos ingresados el pasado año en los juzgados españoles, –aunque supone un descenso del 0,7 por ciento respecto a 2011–, los más de 2,9 millones de procedimientos que esperaban a 31 de diciembre su resolución o que más de dos millones y medios de sentencias estén pendientes de que se ejecuten, son datos que indican por sí mismos que la Justicia en España necesita una reforma que incida directamente en los problemas que le afectan y que logren «desatascar» los órganos judiciales. En este último año, la crisis económica y los procedimientos judiciales directamente relacionados con la misma –despidos, concursos de acreedores– también han tenido una incidencia en el aumento de causas judiciales. En todo caso, no parece muy lógico que un país como Francia, con casi 20 millones de habitantes más que España, sus juzgados estén bastante menos colapsados que los españoles.

Potenciar la mediación, el arbitraje, las soluciones extrajudiciales, son medidas que parecen indispensables de abordar. De hecho, ya fueron reclamadas por el Consejo General del Poder Judicial y que ahora algunas de ellas, como la mediación, son recogidas de forma expresa en el borrador del Código Procesal Penal –que sustituirá a la vigente y centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal–, donde se dedican seis artículos a esta figura en el ámbito penal, que es la jurisdicción que más procedimientos recibe cada año. El objetivo no es otro que buscar una «solución del conflicto entre el encausado y la víctima libre, y voluntariamente asumido por ambos, en el que un tercero interviene para facilitar que alcancen un acuerdo».

De acuerdo con el último informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, que lleva fecha de ayer mismo, el mayor ingreso en 2012 se produjo en los juzgados de lo Social, donde se registraron 463.810 nuevos asuntos, lo que supone un incremento del 6 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 412.760 asuntos y quedaron en trámite 329.705 causas.

En el lado opuesto se sitúan los órganos de lo Contencioso-Administrativo, donde el número de procedimientos ingresados –226.025– supone un descenso del 22% respecto al período anterior. Además, los titulares de esos juzgados y tribunales resolvieron casi 60.000 asuntos más de los que recibieron. Las causas penales también registraron un descenso respecto a 2011 del 1,5%, lo cual no deja de ser una buena noticia.

Andalucía y Madrid, a la cabeza

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 189,9 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades autónomas que han presentado los niveles más altos de esta tasa han sido Andalucía, Madrid, Canarias y Baleares. Andalucía registró 222 asuntos por cada mil habitantes, seguida de Madrid (212 asuntos por cada mil habitantes). Las cuatro superan a la media nacional. Las de menos litigiosidad fueron La Rioja (119,7), País Vasco (134,1) y Extremadura.