Mas lleva su ofensiva contra el castellano a Europa

En pocos terrenos se siente tan cómodo Artur Mas como en defensa del catalán como lengua vehicular en la escuela. Basta con que se produzca una decisión judicial para implantar un bilingüismo efectivo en la enseñanza para que al cabo de pocas horas aparezca, raudo, el presidente de la Generalitat en defensa de la inmersión lingüística.

En pocos terrenos se siente tan cómodo Artur Mas como en defensa del catalán como lengua vehicular en la escuela. Basta con que se produzca una decisión judicial para implantar un bilingüismo efectivo en la enseñanza para que al cabo de pocas horas aparezca, raudo, el presidente de la Generalitat en defensa de la inmersión lingüística, un modelo que ha agotado los elogios del catalanismo. Así ocurrió ayer, horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictara un auto donde exigía a la Generalitat que acomodar el sistema lingüístico al castellano si lo reclama un alumno en un aula. «El sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno», reclama el TSJC.

Los nacionalistas, como era de esperar después de reiterados desacatos, tampoco piensan dar cumplimiento en esta ocasión a la decisión judicial. Mas improvisó una reunión en su despacho del Parlament –ayer había pleno– con los consejeros de Justicia y Enseñanza, Germà Gordó e Irene Rigau, para estudiar las acciones que la Generalitat debe seguir en este momento para salvaguardar la inmersión.

La rebeldía del Parlament

De entrada, las fuerzas partidarias de que el catalán siga siendo la única lengua vehicular en la enseñanza (CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP) aprovecharon una moción de Ciutadans en el Parlament para manifestar su rechazo a que el castellano pueda adquirir la misma condición que el castellano. El debate lingüístico, siempre propicio para que se desate la tensión en el hemiciclo, volvió a poner los nervios a flor de piel, ya que el líder de C's, Albert Rivera, denunció desde la tribuna el acto de «escarnio» –léase escrache– que preparaba la CUP en su contra por su postura lingüística. Finalmente, la CUP –formación anticapitalista e independentista– acabó desconvocando el boicot a Rivera y sustituyéndolo por un acto en defensa del actual modelo de escuela.

«Debe dejar el actual modelo obsoleto y apostar por uno moderno, un modelo trilingüe con catalán, castellano e inglés», pidió Rivera. En la misma línea se expresó la diputada del PP María José García Cuevas, que abogó por un sistema de «conjunción lingüística» para poner fin a la discrimación positiva a favor del catalán.

Pero las demandas de PP y Ciutadans cayeron por enésima vez en saco rato y los partidarios de la inmersión impusieron de nuevo sus postulados. Los nacionalistas se sienten fuertes en este terreno. Al fin y al cabo, la lista de decisiones judiciales inobservadas comienza a ser muy extensa y la inmersión, incólume.

Tras la reunión de Mas con sus consejeros, no tardó en anunciarse una ofensiva de los eurodiputados de CiU, ERC e ICV con la que se pretende forzar a las instituciones europeas a salir en defensa del catalán como lengua vehicular.

Los europartamentarios Ramon Tremosa (CDC) Salvador Sedó (UDC), Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (en representación de ERC) explicaron que presentarán dos preguntas a la Comisión Europea y al Consejo Europeo para que se posiciones ante el auto del TSJC, a la vista de que la inmersión está amenazada.

La defensa del catalán como lengua única vehicular no estuvo exenta de la habitual dosis de épica que siempre imprime el nacionalismo. «Estoy dispuesta a correr el riesgo de que me puedan inhabilitar», dijo la consejera de Enseñanza, conocida por sus plantes al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en reuniones centradas en las reformas educativas.

Mientras los nacionalistas optaron por inflamar el auto del TSJC y deslizaron las ideas de amenaza y agresión contra el nervio de la nación catalana, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, optó por moderar las consecuencias de la decisión judicial. Sánchez-Camacho consideró que el Govern «malinterpreta» la resolución judicial, ya que, a su juicio, no obliga a que toda la clase pase a estudiar en castellano si un alumno lo solicita, como dice el ejecutivo, sino que insta a aplicar al conjunto del grupo un modelo bilingüista, con catalán y castellano como lenguas vehiculares en la proporción que establezca la Generalitat.

«Lo que está haciendo Rigau es generar alarmismo con la tergiversación del auto para incumplir una vez más las sentencias y mantener así la insumisión al Tribunal Supremo y al Constitucional», denunció Sánchez-Camacho en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament.

La líder del PPC explicó que su partido estudiará todas las medidas necesarias para que el Govern ejecute las resoluciones judiciales, incluso «solicitando la actuación de la Fiscalía, para que el Govern deje de ser insumiso a la justicia». Exactamente lo mismo contempla Ciutadans que, harto de ver cómo la Generalitat de Cataluña , ignora las decisiones judiciales, comienza a valorar la idea de recurrir a la vía penal para poner en cintura a los nacionalistas.

Hasta el momento, ya son diez los autos del TSJC conocidos en respuesta a las familias que solicitaban la escolarización en castellano, los cuales especifican que la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo significa que hay que garantizar el castellano como lengua vehicular no sólo para el niño que la pide, sino «para toda la clase». Pero diez, por el momento, no bastan.