Mas quita la paga a los funcionarios, pero no a los presos

En esta época de profunda crisis económica, las distintas Administraciones públicas han tenido que ajustar y recortar no pocas partidas presupuestarias. Los funcionarios han sido uno de los colectivos que han sufrido directamente esas medidas, con la retirada de una de las pagas extras del año pasado, medida sobre la que todavía debe pronunciarse el Tribunal Constitucional (TC). La Generalitat de Cataluña, cuya situación económica no es, precisamente, de las más boyantes de España ha decidido dar una vuelta de tuerca a esas restricciones... pero no a todos. En concreto, el Gobierno del nacionalista Artur Mas ha decidido recortar la paga extra de verano a los funcionarios de prisiones, pero, en cambio, la ha mantenido y ya se la ha ingresado, a los presos que trabajan en los centros penitenciarios, según ha denunciado públicamente el sindicato CSIF de Cataluña.

En este sentido, la citada central sindical asegura que ha podido constatar que la Generalitat «sí ha ingresado su retribución extraordinaria veraniega al colectivo de presos que dependen del Centro de Iniciativas para la Reinserción», que es una empresa pública que depende del Departamento de Justicia catalán y que tiene como principal objetivo la reinserción social y laboral de los reclusos. CSIF defiende la reinserción como uno de los pilares sobre los que debe asentarse la política penitenciaria, pero, en cambio, «parece indignante que se sigan priorizando recursos públicos para unos internos que tienen sus necesidades básicas cubiertas». Por ello, le piden al Gobierno de Mas que explique estos hechos a la sociedad, de cómo se gasta los escasos fondos públicos en ese tipo de retribuciones, por ejemplo. «¿Cómo explican que no haya fondos para uniformes –de los funcionarios de prisiones– desde hace cinco años?». «¿Qué les dirán a los más de 400 interinos despedidos sin ninguna indemnización y cuyas familias se encuentran en una situación dramática porque han agotado el paro?».

Estas son las explicaciones que solicita CSIF a la Generalitat, al considerar que los ciudadanos tienen el derecho a conocer que «mientras se encierran escuelas, se precariza la Sanidad y se pone en riesgo su seguridad, algunos internos que han cometido graves delitos, como violaciones o asesinatos siguen disfrutando de su paga extra por trabajar dentro de la cárcel, un trabajo del que se ven privado seis millones de españoles que no han quebrantado la ley».