Mas sopesa tomar el camino de Ibarretxe

La ambigua respuesta de Mariano Rajoy a la carta de Artur Mas ha dejado en el aire los planes alternativos que habían estudiado CiU y ERC si el Gobierno daba un contundente portazo a la consulta soberanista para seguir adelante con el proceso. El mismo presidente del Consejo Asesor de la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, alertaba el lunes de que la carta del presidente del Gobierno no se podrá utilizar como argumento ante la comunidad internacional para decir que se nos han cerrado las puertas porque «es suficientemente ambigua como para que nos digan que lo intentemos otra vez». Y este «intentarlo otra vez» puede pasar por llevar la consulta al Congreso para forzar un «no» claro a su convocatoria.

Es una propuesta que contempla el acuerdo de legislatura que firmaron CiU y ERC, aunque gusta más a los republicanos que a los convergentes. Preguntado por la posibilidad de emprender el camino de Juan José Ibarretxe, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, respondió ayer que «no hay ninguna decisión tomada, pero se contempla acudir a la Cámara Baja».

El ex lehendakari murió, políticamente hablando, defendiendo el derecho a decidir. Su propuesta de consulta fue derrotada ante el Tribunal Constitucional, después de haber pasado pro el Congreso y de que el Gobierno del PSOE la recurriera. Su aventura soberanista acabó en las urnas. En las elecciones vascas de 2009, el PNV fue desalojado por primera vez de Ajuria Enea con el pacto entre el PSE y el PP.

Planes alternativos

Mas tiene trazadas alternativas para no acabar como Ibarretxe. Si el Gobierno cierra las puertas a una negociación, se preparará la celebración de la consulta por la vía catalana. En octubre, está previsto que el Parlament apruebe una ley para dar cobertura a la celebración de un referéndum sobre la independencia con carácter no vinculante. Cabe la posibilidad de que el Gobierno lleve la ley catalana de consultas ante el Tribunal Constitucional. E, incluso, que la consulta no se celebre por esta vía, si llegado el momento se inicia un proceso de aprobar e impugnar leyes eterno.

Antes de la Diada, Mas comentó que si el Gobierno frena todos sus intentos de convocar la consulta, aplazaría el proceso soberanista a 2016, con la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias, una opción que avala el consejo asesor, que estudia cómo sortear los problemas jurídicos que presenta. La fórmula de retrasar el proceso soberanista no convence en absoluto a sus socios de ERC ni a la Asamblea Nacional de cataluña (ANC), organizadora de la Vía Catalana. Además, tras la Diada, unos y otros han utilizado el éxito de la cadena humana por la independencia para atosigar a Mas con que la consulta debe celebrarse sí o sí, pese a que el consejo de sabios advierte de que celebrar el referéndum sin seguir las vías jurídicas legales «puede traer costes políticos muy importantes».

Homs insistió en que no hay nada decidido todavía. Se limitó a confirmar que a finales de año, cuando se haya fijado la fecha y la pregunta de la consulta, se precisarán los instrumentos que pueden utilizarse para convocarla. El Gobierno, preso de la impaciencia de ERC y la ANC, empezará la casa por el tejado, primero fijará la fecha y luego estudiará las herramientas para celebrar la consulta. Pese a que Homs alegara que el debate en estos momentos no es el de los instrumentos, sino de si hay voluntad política o no de consultar al pueblo sobre su futuro político e institucional.

El portavoz del Govern instó a Europa y al Estado a no esquivar la pregunta de si lo catalanes pueden votar o no. Luego ya se resolverá si están dispuestos a dar curso al resultado de la consulta. «La pregunta clave, que algunos se esfuerzan en esquivar, es: ¿En la Europa de hoy, en un estado democrático como el español, se puede votar o no? Pero buscan todo tipo de argumentos colaterales para esquivar la respuesta», lamentó.

El consejo de sabios prevé hasta cuatro vías para solicitar a Madrid la consulta soberanista, que el Parlament y el Govern hagan al petición a Rajoy y que éste traslade la petición al Congreso; que la cámara catalana eleve al Congreso una petición de la ley de referendos que permita a las Comunidades Autónomas convocarlos; reclamar la transferencia de la competencia a través del artículo 150.2 o reformar la Constitución.