Medio millón de datos son públicos desde hoy en el portal de transparencia

La Administración General del Estado no sólo está obligada a publicar de forma activa toda la información que le afecta, sino que tendrá que contestar en un plazo máximo de 30 días las solicitudes de los ciudadanos.

El Portal de la Transparencia (transparencia.gob.es) empezará a funcionar hoy con 530.000 registros accesibles de información, de los que más de 30.000 están colgados directamente y el resto son enlaces a páginas de otros organismos.

Año y medio de trabajo lleva detrás este portal, ya que el Ejecutivo empezó a prepararlo en el verano de 2013, cuando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se aprobó hace un año y que mañana entra en vigor, todavía estaba en fase de tramitación parlamentaria.

En él, la Administración General del Estado no sólo está obligada a publicar de forma activa toda la información que le afecta, sino que tendrá que contestar en un plazo máximo de 30 días las solicitudes de los ciudadanos.

Según fuentes del Ministerio de la Presidencia, el Portal de la Transparencia, con más de 50 gigas de almacenamiento, ha costado por servicios externalizados 300.000 euros, ya que se ha hecho casi exclusivamente con medios y personal de la administración.

"Era mejor ahorrar el dinero y meternos en problemas que soltar el dinero y ahorrarse problemas", apunta uno de sus responsables, que calcula su coste de mercado en más de 4 millones de euros.

En su puesta en marcha han trabajado entre 70 y 80 empleados directamente, otros 800 funcionarios han realizado cursos presenciales al respecto y 2.000 más se han formado 'on line'.

Como establece la ley de transparencia, la página consta de dos partes: la de la información activa, en la que los ciudadanos podrán buscar información con un buscador o a través de los tres ítems que la ley prevé: información institucional, normativa y económica.

En ella también aparecerá un 'banner' con la información nueva que se vaya colgando y un anexo con la agenda pública del presidente del Gobierno y los ministros, así como enlaces a otros portales como el de Moncloa, el del INE, el BOE, etc.

En el apartado de información institucional, aparece la estructura de los ministerios, normas que les afectan, funciones de cada departamento hasta el nivel de subdirección general, currículos de los altos cargos y los planes y objetivos de cada ministerio.

La información sobre normativa incluye la que el Gobierno está tramitando o ha sido tramitada, la normativa en vigor y aquellas normas de rango inferior que pueden tener interés a efectos de la interpretación del derecho.

Esto supone que, por primer vez, el Ejecutivo hará públicos los anteproyectos de ley en el momento en que los aprueba el Consejo de Ministros, así como las memorias de impacto económico y presupuestario de una norma.

En cuanto a la información económica, incluye contratos, convenios y encomiendas, subvenciones -con una pestaña específica de subvenciones a partidos políticos- cuentas e informes fiscales y de auditoría de los ministerios, inventario de bienes inmuebles e información estadística.

El portal permite además conocer información económica sobre altos cargos: retribuciones, indemnizaciones y autorizaciones de actividades privadas.

Respecto a las peticiones, cualquier ciudadano puede hacerlas solamente con un DNI electrónico dándose de alta en la página, que le proporcionará una clave.

La respuesta la recibirá en su correo postal o en el propio Portal de la Transparencia, aunque podrán denegarle la información si la administración entiende que dársela supondría un perjuicio para la seguridad nacional o pública, los intereses económicos y comerciales y otros límites que marca la ley de transparencia.

Si el sujeto que solicita la información no está de acuerdo con la negativa que ha recibido podrá presentar una reclamación ante el Consejo de la Transparencia, también por vía telemática, o recurrir a los tribunales.

En cuanto a las consultas que afecten a la Casa Real, serán canalizadas por la secretaría general de la Presidencia del Gobierno, que atenderá las que sean de competencia de los distintos ministerios.

Presidencia subraya que se ha concebido el derecho de acceso a la información pública como un "procedimiento administrativo", por lo que, al hacer la solicitud de información, se genera un justificante con un número de registro que inicia el expediente derivado.

Para evitar la colisión con la Ley de Protección de Datos, la Administración no podrá "dar datos personales de otros individuos".

Según las fuentes, el Gobierno está preparado para recibir "muchas solicitudes"por lo que las 36 personas encargadas de responderlas preven una "importante sobrecarga"de trabajo.

"Lo que esto supone es un cambio de criterio, de paradigma en la administración, que hasta ahora trabajaba de puertas adentro y a partir de ahora lo hará de puertas afuera", señalan las fuentes.

El Gobierno lanzará una campaña publicitaria a principios del próximo año para dar a conocer este portal, cuyo contrato, por valor de 36.300 euros, ya figura en él.