Cree que el ex president «está políticamente muerto» pero asume que seguirá el bloqueo.

El Gobierno respiró ayer aliviado con el arreglo del Tribunal Constitucional (TC) para evitar que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat a distancia o de manera telemática. Era una ilegalidad evidente, que no tenía ni el aval de los letrados del Parlamento catalán, subrayan en Moncloa, pero que sin el movimiento arriesgado del recurso impulsado contra el informe del Consejo de Estado se habría saldado, sentencian en el Gobierno, «con una votación aunque fuese simbólica de Puigdemont como presidente de la Generalitat». Mariano Rajoy ya ha llegado al límite de su paciencia con el ex presidente de la Generalitat, y «no hay más victorias a costa del Estado de Derecho», sostienen . «Si quiere ser votado como presidente tendrá que hacerlo con viaje de ida y vuelta a la cárcel», apostillan.

Y éste es el triunfo que se apunta el Gobierno. Que Puigdemont no sea presidente ni por unas horas, y que mucho menos pueda pasearse por Europa presentándose como el presidente votado por el Parlamento catalán. En el Ejecutivo aseguran que la jugada del Constitucional es «la muerte política» del líder independentista. No más desafíos al Estado hasta que rinda cuentas con la Justicia. Una vez más Rajoy ha conseguido que la suerte juegue de su lado y que el encaje de bolillos le favorezca a corto plazo. Ganar tiempo, el suficiente, dicen sus colaboradores, como para «salvar a la democracia española del coste de una nueva ilegalidad». El Gobierno resta importancia en estos momentos al hecho de que el Constitucional no admita el recurso censurado por el Consejo de Estado con el argumento de que el Alto Tribunal «nos da la razón de forma contundente sobre el fondo del asunto». «Y ése era el objetivo. Que Puigdemont no pueda ser elegido presidente de la Generalitat a no ser que vuelva a Cataluña y el juez Llarena autorice su presencia en el Parlamento para la investidura. Y, de momento, se la ha negado a Junqueras», sentencian.

En el cálculo de Moncloa, Puigdemont huido, pero frustradas sus aspiraciones, «no tiene más recorrido». «Irá apagándose. Se terminó la fiesta», sentencia un ministro. La variable de que quiera llegar a ser presidente de la Generalitat como presidiario no la contemplan en Moncloa. Lo más probable, a su juicio, es que opte por no ser ninguna de las dos cosas. Hasta ahora no ha mostrado ninguna disposición a pasarse unos meses o unos años en la cárcel, en la misma situación que sus ex compañeros de la aventura secesionista. Ahora bien, superado el «susto», el Gobierno admite que el panorama político en Cataluña sigue siendo muy complicado. Es verdad que la opción de que desobedezcan al Constitucional la descartan, ya que saben que podría implicar nuevas sanciones para la Mesa del Parlamento y para los dirigentes independentistas que están en libertad. Ahí se la juega el presidente del Parlamento, el republicano Roger Torrent. Pero eso no quiere decir que vayan a aceptar la situación a corto plazo.

El independentismo tampoco quiere elecciones, pero para eso necesitan el apoyo de Puigdemont, lo que supone, por tanto, que la investidura sea a favor de un candidato apoyado por el ex presidente de la Generalitat. Pero hasta entonces en el Gobierno cuentan con que el independentismo forzará todo lo posible la máquina en la escenificación de su protesta para salvar su imagen ante su electorado y facilitar de alguna manera una salida negociada con Puigdemont.

En Moncloa no pasan por alto el hecho de que ha demostrado que es imprevisible, y que no cederá a corto plazo. Esto implica que la posibilidad de que la situación obligue a mantener el artículo 155 no se descarta en absoluto en Moncloa, aunque esa solución sea un problema para todo el mundo. No la quiere el Gobierno y tampoco el secesionismo. Rajoy no es tan optimista como para confiar en que de esta situación salga un Gobierno catalán con el que se pueda negociar. Pero cree que en el balance él sí podrá presentarse ante lo españoles con el aval de que ha conseguido que se respete la ley. «El independentismo debe decidir hasta cuándo quiere seguir dependiendo de lo que le viene bien a Puigdemont». La siguiente jugada de Rajoy está en marcha y tiene en el foco a los Presupuestos Generales.