Montoro condicionará el déficit a que las CC AA reduzcan duplicidades

El Gobierno colocó ayer un importante matiz a la voluntariedad que en principio rige la disposición de las comunidades a acatar y ejecutar la reforma administrativa y el recorte de duplicidades que esta mañana estudiará el Consejo de Ministros. Las competencias exclusivas de las autonomías no restan alcance a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria ni a la capacidad del Gobierno para condicionar el acceso a los fondos a la obligación de que cumplan con la consolidación fiscal y se ajusten a la regla de austeridad y eficiencia. Máxime en el caso de aquellas comunidades que han tenido que ser «rescatadas» por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Esta condicionalidad ya funciona en teoría con el Plan de Proveedores. En el caso de la reforma administrativa, el Gobierno anticipa que ligará los objetivos de déficit de cada comunidad, su flexibilización y su negociación, al hecho de que demuestren que asumen las «recomendaciones» en materia de eliminación de duplicidades, simplificación administrativa y reducción de organismos públicos. ¿Quiere esto decir que Cataluña no verá flexibilizado su déficit si no cierra sus «embajadas»? En teoría, sí; aunque ahora habrá que verlo sobre el papel. Este anuncio lo verbalizó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien fue algo confuso en su presentación, aunque al final de sus palabras se llegó a esta conclusión.

Montoro intervino en un seminario en La Moncloa que inauguró la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha actuado de motor en el diseño de esta reforma de las Administraciones Públicas. La vicepresidenta detalló nuevas medidas del informe que hoy pasará por el Consejo de Ministros y que, en sus palabras, contiene las bases para realizar una auténtica ITV a la Administración. Entre otras propuestas, la supresión de 23 de las 48 fundaciones del Estado (ya se han eliminado seis); la reforma de 57 organismos públicos, y la supresión de 90 observatorios autonómicos y estatales.

Junto con los nuevos deberes, el Gobierno se esfuerza también en poner en valor el trabajo que han realizado las comunidades. Ayer, la vicepresidenta resaltó, por ejemplo, que ya han ejecutado la extinción de 535 empresas y llegarán hasta las 718. Ahora bien, también advirtió de que a partir de ahora urge reforzar la cultura de la cooperación. O, dicho de otra manera, que «toca» plantearse en serio «planificar juntas y trabajar juntas» y que, por tanto, cada uno tendrá que responder ante sus ciudadanos de por qué no hace las cosas mejor si se pueden hacer con mucho menos, como «demuestra» la auditoría en la que ha estado trabajando el Gobierno durante siete meses. «Se puede ahorrar mucho más, gestionar mejor y complicarle menos la vida al ciudadano», defendió.

De entre todas las propuestas, la vicepresidenta incidió en la relevancia del paquete de medidas que el Ejecutivo plantea para reducir burocracia y maraña legislativa. Esto facilitará los trámites al ciudadano, pero también a las empresas porque en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de factura electrónica, con el que se pondrá fin «a las facturas guardadas en el cajón». Además, crearán una plataforma para centralizar todas las licitaciones públicas. «Todo lo que está en internet ya no podrá ser guardado por nadie en los cajones», señaló la vicepresidenta. Igual que había hecho en la víspera el presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría también apeló al consenso y a la falta de ideología de un proyecto que quieren pactar con los demás partidos y con los presidentes regionales y los alcaldes. «En esto somos todos compañeros y estamos llamados a superarnos», dijo.

Para incentivar que las CC AA y los ayuntamientos se impliquen en este objetivo de «superación», se va a implantar un sistema de medición de su productividad y de eficiencia. Con él se podrá calcular el número de medios humanos y materiales que tienen y el tiempo que tardan, por ejemplo, en tramitar los expedientes. El subsecretario de Presidencia y presidente de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), Jaime Pérez Renovales, explicó que este sistema permitirá que los ciudadanos puedan comprobar si se están acortando los tiempos de tramitación de los expedientes y qué se tramita más rápido. Renovales ha sido la «mano derecha» de Sáenz de Santamaría en el trabajo de preparación de las 218 medidas que se están presentando a los partidos, agentes sociales y comunidades para buscar un gran acuerdo. De estas propuestas, 140 afectan al Estado y a las comunidades y 78 exclusivamente a la Administración General del Estado. En concreto, 118 están dirigidas a eliminar duplicidades entre comunidades y Estado. Otras 43 eliminan trabas y simplifican los procedimientos; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración institucional en el plano normativo y mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.

El Gobierno defiende que órganos estatales asuman funciones realizadas hasta ahora por órganos autonómicos. Es el caso de las que afectan a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos y órganos de defensa de la competencia, entre otros.