«No vamos a firmar un cheque en blanco»

Pasó toda su infancia en el País Vasco, en los años de plomo, y dice que se hizo guardia civil por lo que ella llama «un impulso». Sin vinculación familiar con el Instituto Armado, desde su clase un día se dio cuenta de que se veía el cuartel de Guipúzcoa.

La alférez Isabel García, miembro de la Unión de Oficiales (UO), quedó ayer decepcionada al leer el principio de acuerdo que proponía el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Sobre todo porque el punto cuatro les insta a comprometerse a aceptar la pérdida de algunos derechos sociolaborales sin especificar en dicho texto cuáles son. «Nos tratan como interlocutores de tres al cuarto», sobre todo con respecto al punto cuatro de la negociación. Critica que el titular de Interior no haya ido con una propuesta cerrada de cifras y sólo un «hasta 1.500 millones de euros» de manera que, según indica la Alferez García, incluso podrían destinar una pequeña cuantía y proponer una cifra muy por debajo. «No vamos a firmar un cheque en blanco», asegura.

«Ellos plantean una propuesta en términos de negociación política y no pueden negociar con profesionales que están pidiendo que se reciban las mismas retribuciones que otros policías que lo hacen en una parte de España». «¿Desde cuándo un derecho sociolaboral se puede cuantificar económicamente?», se preguntó. Espera que «la voluntad política del compromiso no se difumine en el tiempo, ya que «tan sólo los hechos demuestran la certeza de que las cosas cambian». Por ello, son escépticos ante la propuesta de Interior. «No nos lo creemos», «queremos argumentos sólidos» y es que recuerda que hay compañeros que cobran de capitán lo mismo que ganaban hace 10 años como teniente. Además, destaca que si lo que pretenden es suprimir los pabellones de la Guardia Civil aclara que no todos los guardias disponen de ellos, que muchos se pagan el alquiler y otras tantas de esas casas cuartel están vacías. «Muchos costean de su bolsillo el arraigo. No pueden supeditar a eso la equiparación». Además, recuerda que no se basen en su condición militar para quitarnos derechos. «La equiparación es cuestión de justicia con nuestro trabajo y nuestras familias».