Oriol Pujol, acorralado

El cerco se estrecha sobre Oriol Pujol por su presunta participación en la trama de las ITV. Y es que por si los indicios recabados en el sumario contra el secretario general de Convergència Democrática de Cataluña no fueran suficientes, un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía con fecha de 14 de diciembre de 2012 y al que ha tenido acceso LA RAZÓN señala que tenía «participación directa» en el entramado como «nexo de unión entre la Generalitat y la aceptación del resultado final de los procesos».

El mismo informe de la UDEF que se constituye como uno de los documentos esenciales a los que alude el fiscal delegado Anticorrupción de Barcelona, que ha remitido al jefe de la Fiscalía especializada en la lucha contra la Corrupción, Antonio Salinas, y en el que sostiene que hay indicios para imputar a Oriol Pujol y que, por tanto, la causa que actualmente instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, sobre el «caso de las ITV».

83 folios

A lo largo de 83 folios, los agentes desgranan punto a punto las operaciones supuestamente fraudulentas que pretendían llevar a cabo, siempre presuntamente, un grupo de empresarios catalanes y con las que pensaban obtener pingües beneficios económicos. Para ello, era un elemento esencial, contar con el respaldo de algún dirigente político que tuviese influencia en el Gobierno de Artur Mas. Ese político no es otro que Oriol Pujol, según el citado informe policial.

De hecho, uno de las prioridades para los empresarios «del entorno de Oriol Pujol» es que éste tuviese una posición destacada dentro de la formación política gobernante en Cataluña (CiU), «que le permita disponer de poder y capacidad de influencia sobre los órganos de la Generalitat en los diversos ámbitos de negocio de su interés».

«La búsqueda de una buena colocación dentro de los cuadros políticos de Convergència de Oriol Pujol constituye un objetivo estratégico del grupo –de empresarios que buscaban obtener las concesiones de ITV en Cataluña, al punto que su posicionamiento como secretario general adjunto primero (enero 2011) y después como secretario general (marzo 2012) de Convergència es bienvenido en el sentido de disponer de la capacidad de influencia directa en los órganos de gobierno y de forma transversal, es decir, por tanto se extiende a todo el espectro del poder. En consecuencia, los proyectos que presenten –los empresarios del «grupo»– tendrán su aval y una posibilidad cierta de resultar aprobados merced a esa capacidad de influencia directa por su posición en el partido que le hace acreedor a esa facultad».

En este párrafo, la UDEF resume el papel predominante que, indiciaria y presuntamente, jugaba el número tres de CiU, diputados autónomo e hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, centrado sobre todo en ejercer su influencia política para el logro de los concursos que desembocasen en las adjudicaciones de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), aunque finalmente no lograron sus objetivos.

Más adelante, subraya el informe de la Policía, que «para la búsqueda de esa capacidad de influencia directa sobre los órganos de la Administración que son de su interés (Subdirección General de Seguridad Industrial, Instituto Catalán de Finanzas, Agencia de Competitividad Empresarial de la Generalitat, Empresa de Promoción y Localización, Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil ) tratan de colocar al frente o como consejeros de los mismos a personas afines mediante la intervención directa de Oriol Pujol que traslada los nombres con el fin del posicionamiento de los mismos, para favorecer con ello sus propios intereses particulares».

1.-Capacidad de actuación en el gobierno

El dictamen policial, tras desgranar pormenorizadamente las intervenciones de los supuestamente implicados en esta trama, llega a una serie de conclusiones en las queda patente que tanto los empresarios vinculados al ámbito de la consultoría empresarial –Sergio Alsina– y del sector industrial –Sergio Pastor–, con vinculaciones «puntuales» con otros, como Pedro Vicente Navarrete y María Jesús Muro, integraban una estructura donde Oriol Pujol estaría a la cabeza y con un papel más que decisivo para que sus objetivos pudiesen alcanzarse. El dirigente de CiU, destaca la UDEF, tenía una posición lo suficientemente fuerte que le permitía «disponer de capacidad de actuación directa sobre los órganos de gobierno de la Administración Pública de Cataluña». Su designación como secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) garantiza al grupo «la oportunidad para ejercer la influencia directa en aras de conseguir un resultado favorable hacia sus propios proyectos económicos, con la consiguiente generación de una plusvalía cuantificable económicamente».

Esta labor de influencia es reconocida por uno de los empresarios investigados, Sergio Alsina, en una conversación telefónica grabada por los agentes de policía: «...desde ahí –como cargo relevante de CDC– puede tener más influencia que desde el propio Gobierno» de la Generalitat.

Pero, además de los objetivos «comunes», algunos miembros de esa estructura buscaban igualmente sus propios beneficios. Un ejemplo de ello fue la sociedad Instituto de Valoración Corporal, SL (Invalcor), cuyo eje central, según reconoció Sergio Pastor en una conversación telefónica, no sería otro que actuar de «lobby». Este empresario llegó a quejarse de que los favores habían de «fluir» para todos, lo que no ocurría en la realidad. Para lograr esos fines, Oriol Pujol es uno de los beneficiarios reales, aunque su participación «es encubierta» pero, eso sí, «percibiendo los retornos –beneficios– que, en su caso, se distribuyan», todo ello, según el informe de la UDEF.

2.- Infiltrarse en la administración, objetivo último

El objetivo último en la forma de actuación de la «trama» de políticos y empresarios, no era otro que «extender el círculo de control o dominio, tanto en la esfera pública como de la sociedad civil, para, desde esas posiciones, contribuir a la eficacia en el éxito de sus propios negocios. Para lograr el mencionado objetivo, tenían cuatro líneas de actuación prioritarias: relación de confianza entre los partícipes, confidencialidad de las operaciones, mantenimiento de la opacidad en cuanto al conocimiento último de los partícipes en el negocio, y, por último, en la «colocación» de personas afines en puestos directivos dentro de los órganos de la Administración catalana o en empresas públicas con funciones dentro del ámbito de desarrollo de sus proyectos.

3.- Cuatro funciones específicas: casos Yamaha, Sony y Sharp

Se trataba de lograr que las tres multinacionales abandonaran Cataluña, bien mediante su compra por una empresa radicada en esa comunidad autónoma, o a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Para ello, la empresa Alta Partners, dedicada a labores de intermediación para la búsqueda de «viabilidad empresarial», iba a jugar un papel relevante. Pero, ¿quién estaba «legalmente» al frente de esa empresa? Pues Sergio Alsina, el empresario que más contacto tiene con Oriol Pujol, y quien tiene un especial interés en que sea la citada sociedad quien lleve a cabo ese proceso.

¿Y cómo se concreta el papel del secretario general de CDC en esa faceta? La UDEF lo resume en cuatro aspectos comunes, aunque posteriormente matiza o desarrolla en función de la empresa afectada. Esa labor se centra en: 1- Coordinar las actuaciones; 2- Participar directamente en el proceso de negociación, manteniendo contactos con los responsables de las empresas compradoras; 3- Recibir información de Sergio Alsina sobre cómo va el proceso de negociación y las dificultades existentes; 4-Actuar para resolver los problemas, hablando con los responsables de los departamentos de la Administración Pública implicados.