Pedro Agramunt: «El fallo de la "Parot"fue una excesiva injerencia en la jurisdicción española»

–¿Cree que el objetivo de un organismo como el TEDH es provocar alarma social?

–Su objetivo, que es muy loable, no casa precisamente con crear alarma social. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha convertido en una institución que se extralimita en sus competencias, que se erige en juez de las decisiones judiciales de sus estados miembros y que, además, no responde ante nadie. La sentencia reciente del TEDH supuso una excesiva injerencia en la jurisdicción española, que venía avalada por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, y en un país como España cuyo cumplimiento y respeto a los derechos humanos es ampliamente reconocido. Además, pienso que el Tribunal de Estrasburgo, con más de 128.000 casos pendientes, debe centrarse en las violaciones más flagrantes de derechos humanos para no verse inundada de demandas, como la de la etarra Inés del Río, que provocan que el sistema de protección de derechos humanos esté seriamente amenazado.

–¿Qué tipo de reformas propone usted?

–Los españoles, al igual que el resto de ciudadanos europeos, quieren que casos como el de la «doctrina Parot» se decidan en España y no que lo hagan jueces extranjeros pertenecientes a un tribunal que les es lejano. Poca gente sabe que el TEDH sólo consigue resolver anualmente el 1% de los casos que entran. ¿No debería reformarse la institución? Creo que las cifras registradas el pasado año obligan a una reflexión profunda sobre dicha necesidad. Entre todos, deberíamos perseguir y conseguir un acuerdo para mejorarlo y evitar así que sea usado por todos aquellos que pierden un caso en su país. De este modo, el Tribunal debería aceptar sólo recursos sin precedentes que puedan tener repercusión internacional, y que no sea utilizado simplemente como una corte de apelación a los sistemas de justicia nacionales.

–¿No está sometido el TEDH a rendición de cuentas?

–Es una burocracia supranacional que virtualmente no responde ante nadie.

–¿Qué acciones ha emprendido en favor del respeto a los derechos humanos en los estados miembros?

–Como firme defensor de los derechos humanos, línea de pensamiento que no he modificado en mi vida, porque en otras cosas sí que he evolucionado, he impulsado una gran cantidad de propuestas de resolución en ese sentido y, sobre todo, en los doce años que soy miembro del Consejo de Europa. Por ejemplo, actualmente estoy elaborando un informe sobre el abuso de la prisión preventiva entre nuestros países miembros para lo que ya he tenido que visitar Rusia y, próximamente, Turquía y Ucrania, donde además de reunirme con las autoridades de los tres poderes, naturalmente me desplazo a varias prisiones para conocer de cerca la realidad.

–¿En qué momento se encuentra actualmente el Grupo Popular Europeo?

–El Grupo Popular en la Asamblea del Consejo de Europa tiene una historia que contar en la defensa de la democracia, del Estado de derecho y de la libertad. Por todo ello, es un caso de éxito dado que un buen número de formaciones políticas de toda Europa que han recibido el respaldo mayoritario y encargo popular para gobernar están dentro de nuestro grupo.

–¿Cuáles son las líneas de actuación para su mandato?

–Mi primer objetivo es conseguir que los planteamientos ideológicos del PPE sean imperantes en las decisiones del Consejo de Europa que hasta ahora había estado caracterizado por una excesiva influencia de grupos de izquierda, ideológicamente mal llamados progresistas, y grupos minoritarios.

–¿Qué importancia tiene el Consejo de Europa en el devenir de cada estado miembro?

–Algunas democracias occidentales le hacen menos caso a las recomendaciones del Consejo de Europa, pero no hay que olvidar que toda la doctrina y tratados internacionales relativos a los derechos humanos, democracia y Estado de Derecho han nacido del Consejo de Europa. Y, desde luego, están vigentes en todos los Estados que lo han firmado. Sin embargo, para las nuevas democracias la importancia del Consejo de Europa es fundamental. Son los casos de Rusia, Turquía, Ucrania, la antigua Yugoslavia, miembros de la Europa del Este hoy ya miembros de la UE, a quienes les está marcando la hoja de ruta para ser auténticas democracias.

–¿Cómo se actúa sobre estos países?

–El paso inicial es la apertura de un procedimiento de seguimiento («monitoring») que se lleva a cabo por dos miembros de la Asamblea, de dos grupos políticos diferentes, durante un período de cinco años que estudian el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el momento de su adhesión e incluyen la firma de los tratados internacionales, su ratificación y el acervo democrático establecido por el Consejo de Europa. Para ello, los dos parlamentarios encargados del seguimiento se desplazan dos veces al año para reunirse con organizaciones políticas, económicas y sociales para elaborar informes que posteriormente han de ser aprobados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

–¿Efectúa el control de alguno de los estados miembros del Consejo de Europa?

–Sí, efectivamente, soy el relator de Azerbaiyán, sobre el cual presenté un informe hace un año, que fue aprobado por la inmensa mayoría de la Asamblea y que concluyó que pese a que el país ha realizado progresos evidentes debe continuar siendo sometido al procedimiento de seguimiento. Nuestra misión es la de ayudar a los países a incorporarse a los usos democráticos europeos lo más rápidamente posible. Y para ello, es mucho mejor el diálogo, el acercamiento, el convencimiento, la política de «distensión», que la posición contraria de enfrentamiento y acusación que en ningún caso contribuye a la democratización de los países y a la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Europa tiene actualmente un gran frente abierto en Ucrania con un gobierno que se ha decantado hacia Rusia y una movilización social favorable a la integración con Europa.

Un veterano en europa

Pedro Agramunt (Valencia, 1951) preside desde el pasado mes de junio el Grupo del PP Europeo en el Consejo de Europa (PPE-CD) con cerca de 200 parlamentarios procedentes de las Cámaras legislativas de 47 países europeos. De ellos, 13 son españoles. Forma parte de esa Cámara desde hace diez años. Ha sido primer vicepresidente de su grupo y miembro de las comisiones de Reglamento, Seguimiento, Asuntos Políticos y Democracia.