Pensiones y financiación autonómica, en la agenda

Sánchez admite que su capacidad para acometer ambas reformas es más que limitada.

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras la convulsa salida de Mariano Rajoy por la moción de censura presentada por el PSOE deja en el aire multitud de asuntos pendientes en materia económica de los que se desconoce ahora cuál será su futuro más inmediato. El tema más candente y que ha copado más titulares es el de las pensiones. El PSOE ha reclamado de forma insistente la necesidad de dejar atrás las revalorizaciones del 0,25% de los últimos años y ligar por ley las pensiones a la evolución del IPC. De hecho, llegó incluso a presentar el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en este sentido. El coste de esta medida sería de entre 1.600 y 1.800 millones de euros anuales. No obstante, se trata de un cálculo sobre la base de un IPC del 1,6%, barrera que ya se ha superado este ejercicio y que elevaría aún más el gasto de aplicar esta medida.

Para este año y el que viene, está previsto que las pensiones suban ya en línea con ese 1,6%, gracias al acuerdo entre el Gobierno del PP y el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Sin embargo, la inflación actual ya se «comería» esa subida de las pensiones. Además, la intención última del PSOE es extender la revalorización según el IPC por ley, en lugar de para un par de años.

Sin embargo, el propio Sánchez reconoció durante el debate de la moción de censura que no derogará por completo la reforma de las pensiones de 2013. «Hay que ser muy conscientes de lo que se le puede pedir o no se le puede pedir a ese eventual Gobierno. [...] Tendrá que ser otra Administración, nosotros no lo vamos a poder hacer», admitió.

Tampoco se sabe qué va a suceder con la llamada «tasa Google» a las empresas tecnológicas, con la que el Gobierno esperaba financiar parte del incremento de las pensiones. Sánchez es partidario de este impuesto, pero también ha manifestado su intención de poner en marcha otro tributo similar a la banca (un recargo del 8% en el Impuesto sobre Sociedades) y una tasa a las transacciones financieras. Dentro del engranaje fiscal, los socialistas detallaron en abril un presupuesto alternativo en el que se hablaba de elevar al 52% la tributación en el IRPF de las rentas de más de 150.000 euros con el fin de ingresar 400 millones más. A esto se sumaba una progresiva equiparación de los impuestos a las rentas del trabajo con los de las rentas del capital para ingresar otros 1.500 millones. Para las grandes empresas, la idea es subir el tipo efectivo de Sociedades al 15%, lo que aportaría 4.000 millones más.

Otro caballo de batalla que pende ahora de un hilo es la reforma de la financiación autonómica, que el ministro Cristóbal Montoro quería poner en marcha en breve, mediante un acuerdo con los socialistas. Igual que sucede con las pensiones, Sánchez admitió en el debate que tampoco podrán emprender esta reforma. «Nosotros no vamos a resolver ni a renovar la financiación autonómica porque muy probablemente no va a haber mimbres para poder lograrlo», dijo.

En materia de empleo, queda pendiente la nueva Renta Complementaria de Desempleo de 430 euros mensuales, que el Gobierno estaba negociando con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas como solución al fin de los programas temporales destinados a los parados de larga duración. Sin embargo, las conversaciones con nueve regiones, incluidas las socialistas, están bloqueadas al haber presentado éstas una propuesta alternativa que incluye la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas.

Reforma laboral

A los funcionarios y policías, cuyas nóminas están pendientes de los Presupuestos, Sánchez les ha prometido subidas de sueldo por decreto si las cuentas quedan bloqueadas en el Senado. Queda por ver si el socialista derogará, como ha dicho muchas veces, la actual reforma laboral. La CEOE ya le ha pedido que no lo haga y todo parece indicar que se trataría de un paso muy largo para un Gobierno surgido de una moción de censura con apoyos tan heterogéneos. Respecto al Salario Mínimo, el Gobierno de Rajoy ya lo subió a finales de 2017 un 4%, hasta 735 euros, si bien Sánchez quiere subirlo hasta 1.000 euros de aquí a 2020.

En el Ministerio de Economía las tareas por hacer incluyen la reforma de los órganos reguladores y supervisores para dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, la privatización de Bankia debería completarse antes de finales del año que viene. El Estado aún controla un 61% de la entidad, pero la intención era reducir la participación por debajo del 50% próximamente.

En el caso de Fomento, el nuevo Gobierno deberá lidiar con la relicitación de las autopistas quebradas, que Íñigo de la Serna pretendía llevar a cabo antes de final de año para recaudar entre 700 y 1.000 millones y reducir su impacto en el déficit público.

También debía decidir antes de que finalice este año qué hacer con la AP-1, cuya concesión vence. En 2019 vencen también varios tramos de la AP-7 y la AP-4. Hace sólo tres meses el PSOE reclamó en el Congreso que no sean licitadas de nuevo y pasen a ser gratuitas. El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras con el que De la Serna quería construir 2.000 kilómetros de vías en régimen de concesión con las constructoras (una especia de peaje en la sombra) debía arrancar este mismo mes, con el concurso de los primeros proyectos en Murcia. Sin embargo, para el PSOE este plan «parece planificado por Seopan», la patronal de la construcción, por lo que su puesta en marcha también está en el aire.