¿Por qué otras elecciones no son la solución?

La perspectiva de un Congreso aún más fraccionado que el actual y de un bloqueo entre los cuatro grandes partidos convierte la arriesgada cita con las urnas en una amenaza para los intereses de España.

La crisis abierta en España a raíz de que la Audiencia Nacional dictase esta semana la sentencia del «caso Gürtel» acerca al horizonte político la amenaza de un nuevo adelanto electoral. No de inmediato, porque la moción de censura presentada el viernes por el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, bloquea esta opción, de momento, en el corto plazo, pero sí dentro de un periodo de tiempo «razonable», que desde el PSOE estiman como factible en «unos meses». La hoja de ruta de Sánchez para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa con la promesa de elecciones, el visto bueno a la moción de censura por parte de los grupos de izquierda e independentistas y la exigencia planteada por Ciudadanos para que la disolución de las Cortes Generales sea inmediata dibujan un escenario impredecible en el que la cita con las urnas cobra enteros. Serían los terceros comicios generales desde diciembre de 2015.

Está en juego con ello, defendió el líder socialista, «recuperar la normalidad política e institucional». Para Ciudadanos, se trata más bien de «darle la voz a los ciudadanos». Pero, ¿serían realmente estas nuevas elecciones una solución en el contexto político actual? La perspectiva que esbozan tanto las últimas encuestas publicadas como el CIS del pasado mes de abril no apunta precisamente a ello. Un Congreso más fraccionado y con las tres principales fuerzas políticas –PP, PSOE y Cs– a poca distancia abonaría el terreno de la inestabilidad y devolvería al país a la experiencia de 2015 y 2016, con repetición de elecciones y largos meses de negociaciones hasta la investidura de Rajoy de por medio.

La encuesta de NC Report que mañana publicará LA RAZÓN insiste en los riesgos del adelanto electoral. Con el PP perdiendo siete décimas respecto al sondeo de abril, la suma de este partido y de Ciudadanos se mantendría por encima del 50%. Circunstancia ésta que no implica necesariamente la garantía de un gobierno de centro derecha. El progresivo estrechamiento de la distancia entre los populares y el partido naranja aportaría incertidumbre a la gobernabilidad del país. No sólo por la posición de mayor fuerza que tendría Albert Rivera en una eventual negociación en el caso de que el número de escaños entre ambos partidos fuera similar, sino especialmente por la condición de aliado poco estable que Ciudadanos se ha granjeado en estos años y que ha vuelto a ratificar esta misma semana. No en vano, su exigencia de ponerle un punto final abrupto a la legislatura a través de una moción de censura «instrumental» llegó sólo unas horas después de que facilitase con sus votos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. También habría que tener en cuanta si Rajoy volviese a ser candidato.

¿Y si hay «sorpasso»?

En la misma línea que la encuesta de este diario, el CIS de abril ya señaló que, en el caso de que se celebrasen hoy elecciones, las preferencias de los españoles depararían un Congreso de los Diputados si cabe más complejo que el actual en términos de estabilidad política: el PP, el PSOE y Ciudadanos quedarían separados por apenas dos puntos –entre el 22 y el 24%–, con Podemos estabilizado en el entorno del 19% de los sufragios.

El otro escenario posible, si hacemos caso a los sondeos, es el que contempla el «sorpasso» de Ciudadanos al PP. A ello apuntaba, por ejemplo, la encuesta de Sigma 2 publicada en marzo. El partido de Rivera se dispararía, según ese sondeo, hasta el 26,7%, con cuatro puntos de ventaja sobre el PP y muy por encima de las expectativas de los dos partidos de izquierda, PSOE y Podemos, estancados ambos por debajo del umbral del 20%. También Metrocospia aupó en su encuesta de mayo a Ciudadanos como primera fuerza, con el 29,1%, con diez puntos de ventaja sobre los otros tres partidos y con Podemos como segunda fuerza.

Pese a los pequeños matices que separan a unos sondeos de otros, todos tienen en común la perspectiva del bloqueo a la que conduciría un parlamento fragmentado en cuatro bancadas con un apoyo popular relativamente similar y en el que ni siquiera la opción a priori más estable, la de una coalición Ciudadanos-PP, podría darse por hecha habida cuenta de las tensiones existentes entre los cuarteles generales de ambos partidos. Un escrutinio con los cuatro partidos a poca distancia –muy lejos, por tanto, de los 20 puntos de distancia que separaron a PP de Cs en las generales de 2016– convertiría de hecho los posibles pactos post electorales en un sudoku de difícil resolución. ¿Apoyaría Cs o PP a Sánchez en el caso de que el PSOE fuera el más votado para evitar que Podemos entrase en el Gobierno? ¿Preferiría Rivera una coalición con los socialistas tras el desgaste del PP? ¿Respetaría Cs al PP si éste se mantiene como primera fuerza?

Y es que lo sucedido en los meses previos a la última investidura de Rajoy demostró que si la aritmética es complicada mucho más lo es la política. Tres circunstancias propiciaron entonces la ausencia de un gobierno efectivo en España durante meses: los vetos cruzados entre Podemos y Ciudadanos, los recelos de una parte importante del PSOE a que Sánchez pudiera ser investido con los votos de nacionalistas e independentistas y la imposibilidad de que en España se articule una gran coalición entre formaciones de izquierda y derecha, como la que ha permitido la gobernabilidad en países como Alemania, Holanda o Suecia. En octubre de 2015, se disolvieron las Cortes y se convocaron las elecciones generales para el mes de diciembre. La victoria insuficiente del PP y el «no» de Pablo Iglesias al pacto de investidura suscrito entre Sánchez y Rivera forzó la repetición de los comicios. Entonces sí, la subida de casi un 10% que experimentó el PP en las urnas y la abstención de diputados del PSOE permitió a Rajoy ser investido en octubre de 2016. Exactamente un año después de que el engranaje electoral arrancase.

La «Italianización» de España

También en términos políticos, la convocatoria de elecciones anticipadas para afrontar las consecuencias de la sentencia del «caso Gürtel» acercaría a España a países europeos en los que sí es habitual llamar a los ciudadanos a las urnas como forma de solventar una crisis. Y en ello Italia es, dentro de los países de nuestro entorno, la que acumula una mayor experiencia: desde la proclamación de la república en 1946 ha tenido 66 gobiernos, de los que únicamente seis aguantaron más de dos años en el poder. El otro referente es más cercano: Cataluña. Con cuatro comicios al Parlament entre 2010 y 2017, el recurso a la convocatoria electoral anticipada no parece, a la vista de los hechos, que se haya traducido en estabilidad política y económica.