Prisión para un guardia civil por una "discusión"entre compañeros

La AUGC pide la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por permitir la aplicación del Código Penal Militar a un agente por unos hechos ocurridos hace ocho años y fuera de servicio.

Luis Miguel tiene un plazo de quince días para ingresar en el penal militar de Álcalá de Henares para cumplir dos condenas de tres meses y un día y otra de cuatro meses de prisión. Los hechos ocurrieron hace ocho años y se produjeron fuera del ámbito profesional, lo que no ha impedido que se le aplique el Código Penal Militar.

El motivo de esta condena no es otra que una discusión entre compañeros, "ambos fuera de servicio y en fiestas", y que provocó la pérdida de destino de Luis Miguel. Sin embargo, su castigo no quedó ahí y ocho años después, aunque haya seguido realizando su trabajo con normalidad en otro destino, señalan que la justicia militar va a privarle de libertad.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian "la arbitraria e injusta aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles", que provoca que un agente entre en prisión "como un delincuente"por una simple desavenencia con un compañero fuera de su lugar de trabajo y al margen de su profesión.

Ante esta situación, "absolutamente abusiva y desproporcionada" los servicios de la AUGC solicitaron en 2018 el indulto al Ministerio de Defensa. Hecho que motivó que se suspendiera la ejecución de la sentencia hasta que se resolviera dicha petición o transcurriera un año.

Sobra decir que tras 365 días de espera, la cartera que dirige Margarita Robles, no se ha manifestado. Un silencio que, a juicio de esta asociación, resulta "oprobioso". Y es que fue precisamente un gobierno del PSOE (José Luis Rodríguez Zapatero) el que aprobó un decreto por el que la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles se restringía a situaciones muy delimitadas, como misiones militares o estado de guerra. Así quedaba claro que la vida personal de los agentes fuera de servicio quedaban al margen de la aplicación de la maquinaria mil

inaplicándose por lo tanto en cuestiones relativas a las funciones policiales y, mucho menos, a la vida personal de los agentes fuera de servicio.

Por todo ello, desde la AUGC reclaman la dimisión de Margarita Robles, por su "total falta de sensibilidad ante un claro caso de injusticia", más si cabe siendo ella magistrada.

Desde esta asociación no descartan tomar medidas para denunciar ante la sociedad la indefensión de los guardias civiles ante la abusiva aplicación del Código Penal Militar a los trabajadores de este cuerpo policial.