Puigdemont convoca una cumbre el 23 de diciembre para abordar el referéndum

Puigdemont anuncia una cumbre el 23-D en el Parlament para abordar el calendario de la autodeterminación de Cataluña sin haber ensayado conversaciones con el Gobierno.

Aunque es muy pronto para comprobar el margen que hay para el entendimiento entre el Gobierno y la Generalitat en el marco del deshielo que trata de propiciar Moncloa, el presidente catalán, Carles Puigdemont, decidió ayer ajustarse a sus acuerdos con la CUP y poner fecha a la cumbre del referéndum, que se comprometió a convocar tras el último debate de política general para acelerar los preparativos de esta votación. Se celebrará el próximo 23 de diciembre en el Parlament –un día después de que los presupuestos catalanes superen el primer trámite en la Cámara– y servirá para abordar el calendario de la presunta autodeterminación de Cataluña, llamada a consumarse, en un principio, el próximo septiembre.

La cumbre se producirá sin que apenas se hayan ensayado conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat para abordar la denominada agenda catalana. La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene el encargo de reconducir las relaciones con Cataluña y ya ha comenzado a maniobrar. Esta misma semana estrenó su despacho en la Delegación del Gobierno en Cataluña con dos entrevistas, una con Miquel Iceta (PSC) y otra con Inés Arrimadas (Ciutadans). También se vio recientemente con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque tiene pendiente una próxima entrevista con el propio Junqueras para examinar una larga lista de reivindicaciones que ha elaborado el gobierno catalán.

En todo caso, la relación con el Gobierno no parece ser la prioridad de la Generalitat, decidida a llevar adelante su hoja de ruta soberanista porque se juega tanto como el apoyo de la CUP para alargar la legislatura. La cumbre del referéndum recuerda enormemente a las reuniones del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir –una mesa que integró a partidos, entidades y sindicatos durante la pasada legislatura– y cuyo acompañamiento buscó continuamente Artur Mas.

Ahora es la CUP quien reclama esta mesa de soberanistas. El Govern no la ve con malos ojos porque aprecia el valor de una imagen unitaria del mundo independentista, pero no es partidario de que la reunión sirva para avanzar el referéndum de autodeterminación, tal y como han sugerido ERC y la CUP. La Generalitat sólo contempla avanzar la votación para antes de septiembre en el caso de que se produzcan inhabilitaciones de cargos públicos como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Sin embargo, lo esperable es que procedimientos como el de Forcadell lleven más tiempo. En consecuencia, la intención del Govern es aprovechar la cumbre para diseñar el «timing» de la campaña del referéndum, así como los preparativos de una votación que, probablemente, implicará la participación de funcionarios públicos.

A la reunión del próximo 23 de diciembre están invitadas no sólo las fuerzas independentistas sino también las entidades económicas, sociales o culturales que participaban en las cumbres del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, así como los representantes de los «comunes», las confluencias de izquierda que integran a ICV, EUiA, Podemos y la Barcelona en Comú que lidera Ada Colau.

Precisamente el papel que van a adoptar estos últimos es uno de los mayores interrogantes, ya que, hasta ahora, se han movido con calculada ambigüedad. Las confluencias de Podemos en Cataluña no son partidarias de ejercer la autodeterminación de forma unilateral, como sí que se plantean las formaciones independentistas, e insisten en llegar a un acuerdo con las fuerzas estatales o bien con organismos internacionales.

Pero ninguno de estos dos escenarios resulta plausible, así que la órbita de Ada Colau deberá decidir, más pronto que tarde, si se descuelga del proceso soberanista abanderado por el Govern y la CUP o si se mantiene a su lado, aunque sea en segundo plano. Con Colau o sin ella, el Govern asegura que nada frenará su hoja de ruta soberanista. Ni partidos políticos, ni gobiernos, ni tribunales.