El fin de la tregua

Puigdemont da un ultimátum a Pedro Sánchez para negociar el derecho a la autodeterminación. Los independentistas y Podemos cargan contra el Gobierno por la defensa del magistrado del Supremo.

La operación de distensión emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat deberá esperar, como mínimo, hasta que no haya sentencia a los líderes independentistas procesados por el «procés». Hasta entonces, espadas en alto. Así lo han asumido desde una administración y otra, que aguardan un «otoño caliente» promovido principalmente por el entorno de Carles Puigdemont, que iniciará el 11 de septiembre un ciclo de movilizaciones para conmemorar los acontecimientos de octubre y que culminará con las concentraciones de apoyo a los dirigentes separatistas durante el juicio, previsto para principios de noviembre. Por medio, también contribuirán a la inflamación otros aspectos como la polémica por los lazos amarillos –con una Junta de Seguridad prevista para la semana que viene y la Fiscalía investigando ya a los Mossos d’Esquadra por las identificaciones, además de los incidentes derivados–, la citación del juez Pablo Llarena en Bélgica o la conferencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 4 de septiembre para exponer su hoja de ruta.

En este contexto, el Gobierno socialista ya ha asimilado que su operación tendrá un difícil encaje, aunque intentará, principalmente, no alimentar la atmósfera de confrontación que va a intentar imponer Puigdemont. «Las relaciones con la Generalitat, por el momento, se podrían definir como frías», resume un dirigente gubernamental a este diario, que reconoce que están a la expectativa porque saben que el «ambiente se puede cargar de nuevo en octubre y noviembre». La idea de Puigdemont y Torra, que ayer mantuvieron un encuentro en Waterloo (Bélgica), es procurar dar con una «nueva ventana de oportunidad» que permita empezar a implementar la República y, de paso, preparar una pista de aterrizaje propicia para que tome tierra su partido: la Crida Nacional por la República, cuya puesta de largo está prevista este otoño aunque tendrá por delante un laborioso trabajo para que arraigue. Para todo ello, no escatimarán en acciones, como la ocupación de espacios públicos o el «paro de país» el 1 de octubre, una sugerencia de la periodista Pilar Rahola (promovida por Puigdemont como alcaldable por Barcelona para su partido, la Crida Nacional por la República), que ya ha recogido la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y está estudiando.

Si bien, en el meollo de todo este ciclo de movilizaciones está previsto un encuentro en la Generalitat entre Sánchez y Torra, aunque todavía está en el aire, ya que está condicionado a cómo se desarrollen los avances en la Comisión Bilateral –para septiembre se pondrán en marcha los distintos grupos de trabajo–. Si se celebrara, las posibilidades de que el vis a vis se salde con algún acuerdo sustancial son escasas: el propósito del president es acudir con un ultimátum para abordar el derecho a la autodeterminación. Sobre esa idea ha insistido en las últimas horas Puigdemont, quien ayer, tras el encuentro con Torra, alertó de que llega un trimestre «con nubes negras», aunque depositó la responsabilidad en Sánchez para evitarlo: «Podría ser también el trimestre de las grandes oportunidades si se lee bien la realidad». En cualquier caso, lo que traslada el ex president al líder del Ejecutivo español es que su periodo de gracia ha terminado y exige que pase ya de las «palabras» a los «hechos», algo que redundará en la capacidad de supervivencia del Gobierno socialista –los apoyos del PDeCAT en el Congreso de los Diputados son vitales–.

Torra y Puigdemont avisaron al Gobierno de Sánchez de que ya no valen excusas, y quieren hechos. «Reclamamos a Sánchez que nos diga cuál es su proyecto para Cataluña. Necesitamos ver ya hechos, no fotografías», advirtió Torra, desde Waterloo. Los independentistas urgen a Moncloa que tome decisiones porque quieren saber cuál es el proyecto político para Cataluña. Puigdemont lamentó la «ingeniería de la confrontación» que están utilizando algunos y que, a su juicio, «no pertenece a este episodio». Por ello, pidió «a los que intentan construir esta narrativa, que abandonen esta ficción».

En paralelo, sus socios de Govern, ERC, guardan un perfil más discreto con el intento de evitar un nuevo repunte de la tensión, aunque sin por ello seguir reivindicando la libertad de los políticos presos. En este sentido, algunos sectores del partido republicano rechazan el extenso y agitado ciclo de movilizaciones que se avecina y prefieren concentrar todas las energías en apoyar a los líderes independentistas cuando llegue el juicio. La estrategia de Esquerra pasa ahora por la paciencia y la mirada a largo plazo: evitar la confrontación y tratar de ampliar la base independentista a base de gestión. Es por ello que, también, el vicepresidente, conseller de Economía y hombre fuerte de ERC, Pere Aragonès, no renuncia a seguir tendiendo puentes con la administración central para intentar obtener suculentos beneficios, como los 500 millones de euros que caerían en Cataluña si salen adelante el techo de gasto y los presupuestos de 2019.

La defensa de Llarena

Asimismo, Torra se refirió a un nuevo punto de discordia entre la Generalitat y el Estado, como es la defensa del juez que ha instruido la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. «Sería gravísimo que el Estado español pague la defensa de un particular, sea un juez o no», afirmó el president. Y es que Torra y Puigdemont saben que han encontrado otro filón en la citación de Llarena ante los tribunales en Bélgica para seguir desacreditando a España como democracia.

También Podemos, ERC y el PDeCAT recriminaron al Gobierno la defensa de Llarena. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, tildó de «absurdo» que el Ejecutivo se entrometa en el litigio que hay abierto contra Llarena, mientras Esquerra acusó a Sánchez de «poco valiente» y aseguró que son una decepción las medidas legales. Finalmente, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, cree que el cambio de criterio de Sánchez se debió a la «presión de la derecha mediática».